Ayer el Congreso aprobó proyecto de ley que busca que empresas socias de compañías corruptas paguen también al Estado.
El Presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski se mostró cauteloso sobre la reciente modificación a los alcances del Decreto de Urgencia N° 003 realizada por el Legislativo.
Mayor alcance. Ayer el Pleno del Congreso aprobó en primera votación el Proyecto de Ley N° 1410 que modifica el Decreto de Urgencia N°003 para que así las empresas socias de compañías acusadas de pagar coimas, como en el caso de Odebrecht, sean incluidas en diversos alcances de esa norma.
"La tenemos que estudiar, no he visto todavía la ley, hay que andar con cuidado porque hasta que uno esté sentenciado es presumido inocente", dijo en RPP Noticias.
La segunda votación de la iniciativa legal será dentro de siete días.
Pagarán corrupción. En Ampliación de Noticias el mandatario señaló que "el espíritu del DU N° 003 es que se pague una compensación por todo el daño que se ha causado".
Según los cambios al DU N° 003 se podrán retener los activos tanto de las empresas corruptas como de sus socias y consorciadas, además sacarán del país el dinero mal habido, tampoco podrán seguir contratando con el Estado y tendrán que pagar una reparación civil a favor del Estado.
Kuczynski dijo que asegurar el pago de una reparación civil se podría dar a través de un "fideicomiso"
"Se retiene igual que un adelanto de impuestos, imagino que en la reglamentación habría que poner un fideicomiso", sostuvo.
Preocupaciones. Para el abogado penalista Ian Galarza, socio senior del Estudio Muñiz, lo preocupante de este proyecto de ley es que solo por el hecho de haberse asociado con firma corruptas, estas empresas serían sancionadas y sufrirían graves efectos económicos, así no se haya probado su culpabilidad en estos actos.
“Lo que veo en esta norma es que a las empresas no involucradas en un delito las somete a un régimen especial que las vuelve o podría volverlas precarias económicamente”, refirió.
Puntos a favor. No obstante, dijo que era positivo que se proponga ampliar la vigencia del Decreto de Urgencia 003 de uno a seis años y que se haya incluido a Proinversión y al Ministerio de Economía para determinar el monto de la reparación civil a favor del Estado.
“A mí me parece saludable que la norma ahora diga que se necesita también la colaboración o la participación de Proinversión y del MEF, entes con mayores herramientas técnicas económicas y financieras que puedan dar un mayor alcance de cuánto es el verdadero monto que se tiene que preservar como reparación para que ingrese a este fideicomiso”, indicó.
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