Los casos nuevos se presentaron en las regiones de Apurímac, Cusco, Moquegua y Lima Metropolitana.
La Defensoría del Pueblo registró 211 conflictos sociales al mes de julio de este año, de los cuales 154 se encuentran activos y 57 en forma latente, según su último reporte. Respecto al mes anterior (junio) surgieron cuatro casos nuevos, se reactivó uno, tres pasaron de estado activo a latente y cinco fueron trasladados al registro de casos en observación. Ninguno de estos estallidos registró personas fallecidas ni heridas.
Casos nuevos. Los casos nuevos se presentaron en las regiones de Apurímac, Cusco, Moquegua y Lima Metropolitana. En Apurímac, las comunidades campesinas Totora Pisquicocha y Hurayhuma se disputan un área territorial usada para la cría de camélidos en la zona limítrofe entre los departamentos de Apurímac y Ayacucho. Ambas comunidades afirman tener los títulos de propiedad del área en disputa.
En Cusco. Integrantes del Frente Único de Defensa de los Intereses de la Provincia de Urubamba protestan contra el presunto incremento del precio de las tarifas de electricidad, reclaman la entrega de la concesión del transporte a Machupicchu a la Municipalidad de Urubamba y rechazan la presunta ocupación de espacio público por parte del hotel Tambo del Inca.

En Lima Metropolitana. El proceso de adecuación a la vigente Ley Universitaria efectuado por la Asamblea Estatutaria de la Universidad Nacional Federico Villarreal es cuestionado y rechazado por los estudiantes universitarios y trabajadores administrativos.
En Moquegua. La población de Ilo exige a Petroperú el cumplimiento del plazo para la reubicación de sus instalaciones, una indemnización por los impactos ambientales negativos que presuntamente han generado, la ejecución de obras en beneficio de la provincia, entre otros.
En Apurímac. Esta región continúa concentrando la mayor cantidad de conflictos con 24 casos, seguida de Áncash con 22 y Puno, 18. En cuanto a la tipología, los casos socioambientales continúan siendo los más numerosos, con un 71.1%. En relación a actividades extractivas vinculadas a conflictos, la minería continúa siendo la que se relaciona con más casos socioambientales (62% de los casos socioambientales). (Andina)


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