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por Mongabay
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La pesca de pez loro (Scaridae) en Colombia está prohibida desde julio 2019, considerando que por lo menos cinco de estas especies se encuentran amenazadas de extinción.
Pese a ello, su captura no se ha detenido. Más de 6000 kilogramos de distintas especies de pez loro fueron incautados por la Armada Nacional al interior del área marina protegida Seaflower el pasado 23 de octubre.
El problema es que la pesca ilegal de los peces loro no solo amenaza a sus disminuídas poblaciones, sino que también a los arrecifes de coral ya que estos dependen de los primeros para mantenerse sanos.
La reserva marina Seaflower, ubicada en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, reúne más del 77 % de las áreas coralinas de Colombia y fue también declarada reserva de la biósfera por la Unesco, pues alberga a la tercera barrera coralina más grande del mundo.
Sin embargo, la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina (Coralina) asegura que “en los últimos años se ha visto cómo los arrecifes del Caribe colombiano se han degradado constantemente”.
El calentamiento global, la contaminación y también la sobrepesca de peces, como el loro, han provocado una tendencia sostenida de reducción de la cobertura coralina. Según el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el 60 % de los arrecifes del país está bajo algún grado de amenaza, el 20 % puede desaparecer en la próxima década, un 19 % ya ha sido destruido y un 15 % se encuentra en estado crítico.
¿Por qué la captura de peces loro contribuye a esta degradación?
Sin peces loro no hay arrecifes de coral
Los peces loro, al ser herbívoros, se alimentan de las algas que cubren los corales. Si estos peces desaparecen, las macroalgas proliferarían generando un desastre en cadena.
Ximena Escovar Fadul, experta en conservación marina para la ONG Seacology, explica que por ejemplo la langosta, un importante recurso para los pescadores de San Andrés y Providencia, “se caería al piso”. Según la científica, “al eliminar los peces loro estás eliminando [precisamente] a las especies que comen las macroalgas, que compiten con los corales, lo que provoca que aumente la macroalga”. El problema de esto, explica, es que “un arrecife dominado de macroalgas va a tener menos complejidad, menos rugosidad”, es decir, “será un arrecife mucho más plano en vez de uno con montañitas, huecos y cavidades donde vive la langosta”, precisa. En definitiva, la disminución de peces loro acabaría con el hábitat de pesquerías que son parte importante del sustento económico y alimenticio de las comunidades costeras.
La resolución de Coralina, que prohibió en 2019 la pesca de peces loro en Colombia, señala que cada kilómetro cuadrado de arrecife sano “puede cubrir las necesidades proteicas de más de 300 personas, en donde los arrecifes de coral proporcionan un 10 % aproximado de la producción mundial sostenible de proteína marina para alimentación humana”. Además, el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) afirma que cada kilómetro cuadrado de arrecife de coral entrega beneficios calculados entre US$100 000 y US$600 000.
Los peces loro son también creadores de una buena parte de las playas blancas del Caribe. Al alimentarse de las macroalgas, los peces muerden y comen pedazos de roca arrecifal. En ese proceso, llamado bioerosión, los peces excretan arena blanca y “se estima que un pez adulto puede llegar a expulsar entre 40 y 200 kilogramos de arena por año”, asegura Coralina en su resolución. De hecho, “científicos estiman que el 70 de las playas blancas del Caribe y de Hawái han sido formadas con la arena expulsada por los peces loro”, precisa el documento.
Estos peces, a pesar del importante rol que cumplen en la conservación de los ecosistemas coralinos, están gravemente amenazados debido a la fuerte presión pesquera que hay sobre ellos. El pez loro de media noche (Scarus coelestinus), el loro azul (Scarus coeruleus) y el loro guacamayo (Scarus guacamaia), están catalogados como En Peligro, según el Libro rojo de peces marinos de Colombia. La razón es que sus poblaciones han disminuido por sobre el 50 % en los últimos años, asegura un diagnóstico del estado de las especies de peces loro realizado por el Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras José Benito Vives de Andréis (Invemar). Además, el pez loro brilloso (Sparisoma viride) y el pez loro reina (Scarus vetula) están considerados como Casi Amenazados.
El delicado estado de conservación de los peces loro y la gravedad de las consecuencias que tendría su desaparición llevó al Estado colombiano a prohibir su pesca en julio 2019.
Sin embargo, el cumplimiento de esa ley requerirá de un tiempo para concientizar a la población.
June Marie Mow, directora ejecutiva de la Fundación Providence, la organización que trabaja junto a Coralina en el proceso de educación y concientización para acabar con el consumo de peces loro, asegura que dichos peces “desafortunadamente son muy apetecidos al paladar”. Tanto en San Andrés como en Providencia pero también en República Dominicana y en Jamaica “tradicionalmente se ha comido pez loro”, dice.
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La propuesta de ampliar Seaflower
Según Coralina, los 6725 kilos de pez loro fueron incautados a dos embarcaciones de bandera jamaiquina. “En Jamaica casi toda la pesca está muy deprimida”, asegura Mow y agrega que es por eso que los pescadores de ese país van a buscar recursos a otros sitios, entre ellos la reserva de Seaflower. “Esa zona es muy grande y pensamos que hay mucha pesca ilegal”, señala Mow.
Por otra parte, Escovar Fadul asegura que la disputa territorial por el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, que enfrentó a Colombia y Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia en la Haya, generó cambios en las actividades pesqueras que han perjudicado a los arrecifes.
En 2012, la Corte Internacional de Justicia confirmó que el archipiélago de San Andrés pertenece a Colombia, sin embargo, delimitó la frontera marítima en favor de Nicaragua. A partir de ahí, “muchos pescadores que salían por diferentes temporadas a pescar a ciertos lugares, ahora ya no pueden entrar a esos territorios y se han visto obligados a pescar en lugares más cercanos a la costa”, asegura la científica. Eso, precisa, ha afectado a los corales ya que los pescadores pescan peces arrecifales, explica Escovar Fadul, entre ellos peces loro.
Para Mow, “San Andrés no puede ser visto ver sino en el contexto del Caribe y de Centroamérica”, ya que al tener los países recursos compartidos, es necesario trabajar de manera regional.
Actualmente, la reserva de la biósfera Seaflower posee 180 000 km2 y en su interior está la reserva marina del mismo nombre, declarada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Una alianza entre ONG de seis países del caribe sur occidental, han creado una propuesta llamada Gran Seaflower que busca ampliar la actual reserva a 500 000 km2 y convertirla en un área protegida transfronteriza administrada por Jamaica, Honduras, Costa Rica, Nicaragua, Panamá y Colombia.
“El caribe es como un rosario, un collar de pequeños ecosistemas unidos entre sí por las corrientes marinas”, explica Leonardo Anselmi, director de la Fundación Franz Weber que impulsa la propuesta. Esta reserva, asegura Weber, permitiría conectarlos a todos ellos y también con el sistema arrecifal mesoamericano. “Los gobiernos de todo el mundo, pero particularmente del Caribe, tienen que comenzar a romper la vieja lógica de que la naturaleza quede supeditada a nuestras decisiones de división territorial”, dice Weber y agrega que “es necesario realizar esfuerzos transfronterizos para proteger aquellos ecosistemas que no pueden ni deben ser parcelados”.
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Pez loro en tiempos de pandemia
Según Mow, el trabajo de concientización que se ha venido realizando en las islas del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina ya ha traído como resultado que algunos pescadores dejen de capturar peces loro. Además, señala que también hay indicios de que la población ha dejado de consumir este recurso. Sin embargo, todavía existe un activo mercado dirigido principalmente a los turistas.
“En San Andrés está pasando algo muy curioso y es que el pez loro lo están vendiendo a los turistas como pargo loro”, dice Mow, aunque indica que esa especie no existe. “Es un nombre que le dieron en San Andrés para ocultar que lo siguen pescando”, explica. En Providencia, en cambio, la modalidad de mercado que ha venido observando la fundación Providence es la venta de pez loro ya fileteado. De esa manera, “cuando lo venden al restaurante, este no se da cuenta de lo que es realmente”, explica Mow.
La segunda etapa de concientización de la población para eliminar el consumo de pez loro implicaba hacer campaña justamente en los restaurantes de San Andrés y Providencia. Sin embargo, la llegada de la pandemia ha ralentizado los planes debido a que los sitios han permanecido cerrados por causa de la crisis sanitaria.
Mow señala que actualmente se encuentran realizando estudios para entender cómo ha variado la comercialización del pez loro durante este tiempo. “En San Andrés hay una población flotante de turistas de más de un millón de personas al año y en este momento la ocupación no ha subido del 5 %”, dice la directora de la fundación Providence. “Al no haber turismo pensaría también que la demanda sobre el recurso ha disminuido”, agrega. Sin embargo, una vez superada la crisis por el COVID-19, la pesca y consumo del pez loro podría volver a dispararse.
La protección del pez loro aún tiene un largo camino que recorrer. “Sin información, divulgación y educación no es fácil que se pueda implementar un acto legislativo”, dice Mow. El problema es que no queda mucho tiempo. Los peces loro disminuyen cada vez más y con ellos la posibilidad de mantener sanos a los arrecifes de coral.
El artículo original fue publicado por Michelle Carrere en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.
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