Tráfico y minería ilegal acorralan al jaguar en áreas protegidas de Surinam

A mediados de junio del 2012, tras pocos meses de empezar a monitorear a los jaguares dentro del Parque Natural Brownsberg —ubicado al noreste de Surinam—, la bióloga Vanessa Kadosoe vio a “Amalia” por primera vez. A través de las imágenes de una de las cámaras trampa observó que la pequeña cachorra de jaguar caminaba cerca de sus padres Máxima y Willem Alexander, los monarcas de esa selva hasta entonces. La científica los nombró como los reyes de los Países Bajos para honrar el “linaje del animal”. Como Amalia es la primogénita de la pareja real, era justo que la cachorra también llevara ese nombre.

Durante ocho años la investigadora vio crecer a Amalia hasta convertirse en la hembra jaguar dominante del lado central y este del parque Brownsberg, donde se ubican hasta ahora las cámaras. Pero en febrero del 2020, Amalia no volvió a aparecer. Kadosoe esperó algunas semanas, e incluso meses, ya que los jaguares son animales que transitan grandes espacios de terreno —hasta 500 kilómetros—. Un año después, el paradero de Amalia sigue siendo desconocido. Con una esperanza de vida de 20 años, el motivo de la desaparición de un jaguar de ocho años es sospechosa, sobre todo porque los cazadores están al acecho y, desde que comenzó la pandemia, están ingresando a esta área protegida.

Lamentablemente, Amalia no es el único jaguar que Kadosoe dejó de registrar en nueve años de investigación dentro del parque Brownsberg, en los que llegó a observar a 27 de estos felinos. “Entre el 2014 y 2015 desaparecieron tres: Máxima, Kate y George. Aunque las razones pueden ser diversas, en esos meses recibimos información de que en el pueblo más cercano al parque, la localidad de Brownsweg, se estaba traficando partes de jaguar”, detalla la científica.

Esta es solo una de las dramáticas historias sobre cómo desaparecen los jaguares en Surinam, incluso dentro de áreas protegidas como el Parque Natural Brownsberg o la Reserva Natural de Surinam Central. De acuerdo con los entrevistados, esto sucede a vista de las autoridades, quienes no cuentan con recursos para hacer una vigilancia continua. Algunas fuentes dicen que esto también obedecería a una fuerte corrupción dentro del aparato estatal.

La ausencia de supervisión aumentó desde que inició la pandemia por COVID-19 e investigadores como Vanessa Kadosoe han encontrado que la minería de oro y la tala ilegal están ingresando al corazón de las áreas protegidas, en muchos casos, para acechar al jaguar. ¿Qué está pasando en Surinam?

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Áreas protegidas en peligro

“Nuestra investigación indica que la demanda por el jaguar, especialmente por la pasta del jaguar, facilita la caza de este animal, tanto oportunista como organizada, dentro y alrededor de las áreas protegidas. Además se da cerca de industrias extractivas como la minería y la tala”, dice Nichola Brischi, quien luego de un trabajo encubierto entre el 2017 y el 2018 se convirtió en uno de los pocos investigadores que ha revelado lo que sucede con el tráfico de partes de jaguar en Surinam. La pasta de jaguar es una sustancia similar a un pegamento que se obtiene luego de hervir el jaguar por al menos cinco días y es usada, sin ninguna evidencia científica de por medio, para el alivio de la artritis o incluso para la mejora del rendimiento sexual.

Pauline Verheij, abogada especializada en delitos contra la vida silvestre, le comentó a Mongabay Latam que una de las áreas más afectadas con la caza furtiva del jaguar es el parque Brownsberg, junto con lo que sucede en el oeste del país, cerca de la frontera con Guyana. “Sí hay cazadores especializados buscando jaguares, pero la caza furtiva del jaguar sucede en todo Surinam, donde sea que haya conflicto con el humano”, dijo Verheij. Esta afirmación se sustenta en una investigación realizada para la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza de los Países Bajos (IUCN NL, por sus siglas en inglés).

Asimismo, Anna Mohase de WWF Surinam asegura que los ingresos a áreas protegidas como Brownsberg ocurren por el fácil acceso que existe a estos espacios. “Hay ingresos por caminos y por ríos. La probabilidad de que exista caza furtiva en los parques es alta ya que hay una vigilancia limitada”, agrega.

Estos son solo algunos indicios de lo que estaría sucediendo dentro de reservas y parques de Surinam, y no solo con el jaguar, sino con la vida silvestre en general. Con un poco más de 500 mil habitantes y una extensión de bosque que ocupa el 93 % de su territorio, este país sudamericano es uno de los que aún mantiene una gran población sólida de este felino, aunque en los últimos 10 años esa estabilidad se ha visto comprometida por el tráfico de sus partes hacia el continente asiático. Pese a la advertencia oportuna de los investigadores sobre la ocurrencia de tráfico de jaguar en las áreas protegidas, en el 2020 los ingresos ilegales se habrían intensificado, según reportaron especialistas a Mongabay Latam.

Los expertos concuerdan en que los principales problemas son: el asesinato por retaliación, cuando se mata al jaguar por atacar al ganado o a las mascotas; la destrucción y fragmentación del hábitat del felino y, finalmente, la caza furtiva para el tráfico, actividad que se ha convertido en la principal amenaza para el felino.

En el Parque Natural Brownsberg la situación es compleja, pues estos tres peligros se juntan. Creado en 1970 con cerca de 12 mil hectáreas de extensión, el parque es usado para fines de ecoturismo, investigación y educación. A pesar de los carteles que se observan en varias zonas del área protegida, en los que se prohíbe la caza, la tala y la minería, en el lado oeste del parque se concentran decenas de empresas mineras y trabajadores informales que extraen oro en cerca de mil hectáreas, como señaló WWF en un estudio sobre esta área protegida. “Esta actividad ocurre desde el siglo XIX como minería artesanal y de pequeña escala, y se decidió dejarla luego de la creación del parque ante los fallidos intentos de expulsar a los mineros”, se indica en el documento.

La bióloga Vanessa Kadosoe, del Instituto de Vida Silvestre Neotropical y Estudios Ambientales (NeoWild) en Surinam, comenta que el año pasado, en medio de la pandemia, se conoció de mineros que estaban procesando el oro con cianuro, un químico altamente tóxico. “El parque que ya había empezado a operar para los turistas a mitad del año fue cerrado nuevamente en octubre por el temor de contaminar a los visitantes. La minería se realizaba sobre varias cataratas que eran parte del circuito turístico”, dice Kadosoe.

La minería con cianuro es una muestra de la avidez de los ilegales por apoderarse de Brownsberg. Kadosoe conoce bien este avance luego de nueve años de trabajo continuo en el área, donde ha monitoreado el comportamiento y la densidad del jaguar. En el campo cuenta con 27 cámaras trampa, en 16 estaciones, en todo el espacio del parque que va desde el pie de la montaña hasta la meseta. En diciembre de 2020, Kadosoe pudo identificar cinco personas que aparecen en estas cámaras, caminando con detectores de metal, rifles y hachas. “Históricamente los mineros y los taladores se han concentrado en el pie de la montaña, pero a través de las cámaras trampa hemos podido observar cómo mineros, taladores y cazadores han llegado incluso hasta lo más alto del Brownsberg, a espacios donde los turistas tampoco llegan”, comenta la científica.

¿Cómo ha impactado la minería a la población del jaguar? Kadosoe señala que esto es difícil de determinar. La densidad de jaguares que ha estimado en casi una década varía en un rango de 0.51 a 4.21 felinos por cada 100 kilómetros cuadrados. “Lo que podemos observar es que cuando esta cifra crece, puede significar que hay más jaguares en la zona pues el espacio por donde pueden transitar está siendo cercado”, comenta la investigadora. De hecho, Kadosoe confirma que, desde el 2012, la única zona libre para que el jaguar transite hacia fuera del parque es el lado sur de Brownsberg, aunque ya empezaron a registrarse actividades de minería aurífera en ese sector.

Otro cambio que ha observado la científica es que los jaguares han modificado sus hábitos de acuerdo a la hora en que estas personas realizan la minería o la tala. “Vimos cómo estos animales pasaban sus actividades diurnas a nocturnas cuando empezaron a talar. Luego, cuando los mineros empezaron a trabajar en la noche, empezaron a caminar de día. Si nosotros podemos escuchar el sonido de las máquinas, de seguro que ellos también. Esos disturbios sí impactan en el jaguar”, asegura Kadosoe.

Esta cercanía del humano al jaguar también es riesgosa porque convierte al animal en presa fácil. Cuando desaparecieron tres jaguares dominantes entre el 2014 y el 2015 en Brownsberg —como se mencionó al inicio de este reportaje—, Kadosoe empezó a dimensionar la gravedad de la caza furtiva. “Si muchos dominantes desaparecen algo no está bien. ¿Quién me garantiza que no están siendo hurtados para el tráfico?”, dice con más certeza que sospecha.

Els Van Lavieren, investigadora de Conservación Internacional Surinam, no tiene muchas dudas. “A todas las personas que trabajan en concesiones madereras y mineras se les ha dicho en algún momento que si ven un jaguar, lo cacen”, asegura. Conservación Internacional es una de las pocas entidades que realiza una vigilancia constante a posibles incidentes que desencadenen en tráfico de vida silvestre y Van Lavieren es una de las especialistas que sabe bien lo que sucede.

Por esa experiencia, Van Lavieren conoce que otro foco de caza furtiva de jaguares sucede en el norte de la Reserva Natural de Surinam Central, un área protegida de 1,6 millones de hectáreas que fue nombrada por la Unesco como Patrimonio de la Humanidad. La caza furtiva también se conoció a través del más reciente informe de Wildleaks, un documento que publica la agencia Earth League International (ELI) y que contiene datos sobre el tráfico de vida silvestre en el mundo. “Tenemos información de caza furtiva en el norte de la reserva y donde no solo se extraen jaguares, sino también otros animales como ocelotes”, precisa Andrea Crosta, investigador y cofundador de ELI. Wildleaks es el primer proyecto mundial de denuncia dedicado a los delitos ambientales, en su mayoría denuncias anónimas.

Tanto lo ocurrido en Brownsberg como en la reserva de Surinam Central y en el resto del país es reportado a la Fundación para la Conservación de la Naturaleza (Stinasu) y al Instituto Nacional de Medio Ambiente y Desarrollo (Nimos), instituciones encargadas de áreas protegidas y problemas ambientales, respectivamente. “Tenemos imágenes de los que ingresan al área y lo reportamos a las autoridades, pero no hay una acción posterior”, dice Kadosoe. Mongabay Latam buscó las declaraciones de ambas organizaciones, pero hasta el cierre de este reportaje no se obtuvieron respuestas.

Els Van Lavieren, de Conservación Internacional Surinam, comenta que ellos realizan un monitoreo constante del tráfico del jaguar y constantemente surten de posibles casos a estas entidades, “pero no se abordan porque los fondos destinados a la conservación son escasos”, agrega la investigadora.

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Anatomía de un delito

“A los traficantes no les importa de dónde provenga el jaguar. La orden es que comprarán todo el jaguar que le traigan”, dice Andrea Crosta de la agencia ELI. Este investigador italiano ha rastreado el tráfico de vida silvestre en todo el mundo y desde el 2018 ha ingresado a las entrañas de este delito de partes de jaguar en Sudamérica a través del proyecto Operación Jaguar, de la mano de la IUCN NL y del Fondo Internacional para el Bienestar Animal (IFAW). Así fue como, desde ese año, el proyecto empezó a recoger información de lo que sucede en Surinam, cuáles son los perfiles de los involucrados y las formas que utilizan estas redes de contrabando para llegar hasta Asia, específicamente a China.

Lo primero que resaltan tanto Crosta como otros expertos consultados por Mongabay Latam es que este delito se realiza impunemente y a la luz del día. La abogada Pauline Verheij contó que, aunque existen sobornos que se realizan en toda la cadena de tráfico, no hay necesidad de hacerlo con mucha gente. “No necesitan encubrir muchas acciones”, agrega.

 

Verheij pudo identificar que la falta de atención al tráfico no es nueva. Incluso, identificó que en 2003 la compra y venta de partes de jaguar no era vista como un delito en Surinam. “Cuando recogí testimonios hablé con un exagente del Servicio Forestal Nacional al que se le acercó un dueño de un supermercado chino para pedirle un jaguar”, recuerda.

El informe de Wildleaks que publicó recientemente la agencia ELI también da cuenta de una falta de vigilancia de las autoridades en áreas clave. “Pese a haber puestos de control, la Policía no registra en los vehículos si hay vida silvestre ilegal, lo que facilita su transporte”, se indica en el documento. En el reporte se señala que los traficantes usan buses y ocasionalmente camiones de madera para transportar a los jaguares hacia los supermercados.

Es en los supermercados donde sucede gran parte del procesamiento del jaguar para su posterior contrabando hacia China. Según Van Lavieren, son tiendas de abastos que tienen como dueños a ciudadanos chinos y están ubicadas en Paramaribo, la capital del país, y en ciudades aledañas a zonas de bosque. “Esto sucede sobre todo en el oeste de Surinam. Cuando la locación está alejada de la costa, tienen que mandarlo por avión”, añade.

En Paramaribo, por ejemplo, ELI recabó información sobre un supermercado chino cerca de una gran carretera. En lugares como este se procesa al animal. Según los investigadores de ELI y de World Animal Protection, primero se saca la piel del jaguar, luego se abre el cuerpo y finalmente se extraen sus colmillos y parte de los huesos. Con lo que queda, se prepara la pasta de jaguar que, por animal, permite llenar entre 20 y 30 recipientes, indica un informe de World Animal Protection.

De acuerdo con los Wildleaks de ELI, los únicos compradores de este felino son ciudadanos chinos, quienes pagan altas sumas de dinero por un jaguar, describe el informe.

Esta cifra puede crecer de acuerdo con la demanda. Por ejemplo, en abril del 2017, se conoció que a 30 kilómetros del aeropuerto de Afobaka —cerca del parque Brownsberg— se mató a un jaguar y se publicaron sus fotos en Facebook. Cuando la fuente de ELI trató de comprar el cadáver del animal, ya era muy tarde. Un ciudadano chino adquirió el jaguar tan solo 12 horas después de publicado el anuncio. Era una hembra que pesaba 110 kilos.

En la base de la pirámide del tráfico están los locales: cazadores, taladores o mineros ilegales que se encuentran con el animal y de forma oportunista los asesinan porque conocen que siempre hay mercado para el jaguar. Según los primeros indicios de ELI, se ha conocido de puntos críticos en Nickerie y Wageningen, al noreste de Surinam; y Klaaskreek, al norte del parque Brownsberg.

Andrea Crosta comenta que, después de esto, la cadena del negocio ilegal es netamente asiática: el mediador o recopilador de las partes traficadas, los que procesan y aquellos que compran son ciudadanos chinos.

“Hay que entender algo importante. No existe algo así como un Pablo Escobar que maneje el tráfico de vida silvestre en Latinoamérica. Ellos son hombres de negocios que se desenvuelven en temas legales e ilegales”, indica Crosta.

Asimismo, ELI ha conversado con fuentes que aseguran que este tráfico de jaguares es solo una de las actividades ilícitas a las que se dedican muchos de estos ciudadanos chinos. “También se involucran en lavado de dinero, tráfico de drogas e incluso de personas”, agrega el informe de la organización.

Aunque se sabe que la forma más común del tráfico de partes de jaguar es por vía aérea, dentro de los equipajes de mano de pasajeros que van a Asia, desde 2018 se ha identificado que muchos de los elementos traficados se esconden dentro de troncos de madera dura que se envían a China en barcos. De hecho, según el Portal del Comercio de Madera Internacional, en el 2018 China era el segundo importador de madera de Surinam con un 26.1 % de participación.

Desafortunadamente, la crisis que aún se vive por la pandemia ha agravado la vulnerabilidad del jaguar. “Es difícil decir que el COVID-19 no tuvo una influencia sobre este animal. Ahora ya no hay tantos ojos que estén vigilando lo que pasa en el interior del país, más cuando no hay turistas”, dice Els Van Lavieren de Conservación Internacional.

 

A pesar de esto, las organizaciones privadas intentan no quedarse quietas. “Durante el 2018 y 2019 emitimos comerciales de televisión por la señal nacional y china para alertar sobre el peligro de cazar jaguares”, cuenta Van Lavieren. Esto fue realizado en coordinación con representantes chinos en Surinam, quienes se acercaron a Conservación Internacional preocupados por estas acciones. También se publicaron paneles en portugués, holandés y surinamés. Actualmente, hay comerciales que siguen emitiéndose en las radios locales en el interior del país.

Para unir esfuerzos, un grupo de ONG y universidades nacionales e internacionales están coordinando la creación de un equipo de trabajo que aborde la conservación del jaguar. Estas acciones incluyen más monitoreos para conocer la población actual del gran felino y la colaboración con el gobierno para tener soporte técnico y de implementación.

Anna Mohase de WWF Surinam señala que dentro de los pasos que se deben seguir está el cumplimiento de la ley a través de entrenamientos, equipos y personal suficiente para la vigilancia, la cual debe incrementarse en el campo y en las fronteras. En el caso de áreas protegidas como Brownsberg, la científica Vanessa Kadosoe resalta la importancia de crear una zona de amortiguamiento más fuerte. “Si el jaguar desaparece de lugares como Brownsberg, sabemos a ciencia cierta que el resto de especies también lo hará”, añade la bióloga, quien aún mantiene la esperanza de que Amalia haya buscado otros espacios donde esté más segura y que no haya terminado como presa de algún traficante.

Nota del editor: Mongabay Latam recibe fondos de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza de los Países Bajos (UICN NL) para desarrollar una serie de artículos de investigación sobre la situación de los jaguares en Latinoamérica. Las decisiones editoriales se toman de manera independiente y no sobre la base del apoyo de los donantes.

El artículo original fue publicado por  Vanessa Romo en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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