El aumento de los precios del oro y el cobre ha favorecido el crecimiento de la minería ilegal, una actividad que está generando graves consecuencias para el país. Descubre cómo esta práctica ilegal afecta al Perú.
En el último año, el precio del oro y del cobre ha experimentado un aumento significativo, impulsado por la recuperación del sector manufacturero a nivel global. Según el Reporte de Inflación de diciembre de 2024 del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), el oro alcanzó los USD 2 650 por onza troy, mientras que el cobre llegó a los USD 4,12 por libra.
Sin embargo, el auge en los precios también ha impulsado la expansión de la minería ilegal, un fenómeno que crece a un ritmo alarmante debido a la falta de control estatal y a la alta demanda de estos metales en el mercado internacional. Según el informe "Análisis comparativo de la respuesta gubernamental a la minería ilegal e informal en América del Sur", publicado por el Instituto Peruano de Economía (IPE) en 2024, la minería ilegal representa entre el 30 % y el 80 % de la producción de oro en países como Perú, Colombia, Brasil, Ecuador, Bolivia y Venezuela, convirtiéndose en una fuente clave de financiamiento para redes criminales. En el caso del Perú el 44 % de las exportaciones de oro provienen de la minería ilegal.
El costo económico de la minería ilegal para el país
El aumento en los precios internacionales de los metales hace que la minería ilegal sea atractiva. El informe ‘Abordaje integral de la minería informal e ilegal en el Perú’, publicado en 2024 por el Ministerio de Energía y Minas (MINEM), señala que este fenómeno también responde a factores como la pobreza rural y la alta informalidad en la economía. En 2023, la pobreza rural alcanzó el 39,8 %, y la informalidad laboral llegó al 71,2 %, según la Encuesta Permanente de Empleo Nacional (EPEN) del tercer trimestre de 2024.
Asimismo, el estudio explica que la minería ilegal no requiere una gran inversión inicial: basta con identificar zonas ricas en minerales y evaluar su pureza, ya que la maquinaria y los insumos suelen financiarse con el oro extraído. Esto permite su rápido crecimiento, a diferencia de la minería formal, que debe cumplir con regulaciones, pagar impuestos y obtener permisos.
La minería ilegal representa una fuga de recursos significativa, ya que no contribuye con impuestos. "Si fueras una empresa minera formal, el Estado recibiría aproximadamente el 40 % de tu utilidad, entre regalías e impuestos. El minero ilegal, por su parte, no deja nada. Nos está robando un recurso que es de todos", afirmó el economista Elmer Cuba, de la consultora Macroconsult, en el programa Diálogos Mineros, producido en septiembre de 2024 por el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP).
Cuba también señaló que la minería ilegal podría movilizar hasta USD 4 000 millones en exportaciones ilícitas cada año, lo que priva al país de ingresos fiscales y perjudica el desarrollo económico al desviar recursos que podrían ser aprovechados de manera formal y sostenible.
El impacto va más allá de lo económico
La minería ilegal no solo impacta la economía, sino que también causa graves daños al medio ambiente y a las comunidades. Según el Análisis Comparativo de la Respuesta Gubernamental a la Minería Ilegal e Informal en América del Sur, estas prácticas generan efectos sociales y ambientales profundos, como el desplazamiento de poblaciones locales, la deforestación y la contaminación por mercurio y cianuro.
De acuerdo con el informe “Abordaje integral de la minería informal e ilegal en el Perú” realizado por V&C Analistas por encargo de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), estas actividades están también relacionadas con otros delitos, como la trata de personas, la explotación infantil y el lavado de activos.
El informe también señala que la seguridad de los trabajadores es otra de las principales preocupaciones. En la minería ilegal, las condiciones laborales son precarias, sin medidas de seguridad adecuadas, lo que incrementa los riesgos de accidentes y enfermedades ocupacionales.
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