El COVID-19 y la agenda pendiente

La pandemia ha puesto en evidencia y en su total dimensión la magnitud de los problemas estructurales de nuestro país en lo que se refiere al sistema de salud pública, acceso al agua, informalidad laboral y poblaciones vulnerables.

Alonso Cárdenas

Alonso Cárdenas

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El COVID-19 ha desnudado sin anestesia las enormes carencias estructurales de nuestro país. Al parecer los 20 años de crecimiento económico casi ininterrumpidos han impactado poco y nada en la calidad de vida de las personas. Es por ello que existen cuatro aspectos críticos que los próximos dos gobiernos deben abordar con toda energía y determinación.

El primero tiene que ver con reconstruir de los escombros nuestro sistema de salud pública. Los datos son preocupantes, de acuerdo con el Banco Mundial (2019), nuestro gasto en salud es apenas 3.3 % del PIB, muy por debajo de países como Chile (5 %), Colombia (3.7 %), debajo del promedio latinoamericano de 4 % y a años luz de los países de la OCDE (10.1 %). Por otra parte, el número de camas hospitalarias por cada mil habitantes en nuestro país es 1.6, Chile tiene 2.2, Argentina 5 y Cuba 5.2.  En este aspecto también estamos muy lejos de potencias como Alemania (8.3), Japón (13.4) o Corea del Sur (11.5). La situación es tan grave que nuestro hospital más importante fue construido en 1956, hace ¡64 años! Ante este panorama es muy importante tomar con mucha seriedad lo dicho por el presidente de Francia, Macron, quien indicó que la salud pública “es un bien precioso que debe estar fuera de las leyes del mercado.”

El segundo punto tiene que ver con el acceso al agua. Nunca podremos ser un país viable si tenemos que uno de cada tres peruanos no tiene acceso al agua potable. Esta cifra desoladora es mucha más grave en el ámbito rural donde un enorme 61 % de peruanos carece de acceso. Gobiernos han ido y venido, pasan años y décadas y este problema sigue sin solucionarse.

| Fuente: Andina

Tercer problema, la informalidad laboral. Según el INEI (2019), el 73 % de nuestros trabajadores carecen de derechos laborales, comparado con el 25 % en Uruguay, 30 % en Chile y 55 % en Colombia. Muchos de ellos no tienen los elementos mínimos indispensables como un contrato, un salario, vacaciones, seguro, entre otros. Al igual que los puntos anteriores, los años pasan y no se ve mejora alguna. Las medidas implementadas por distintos gobiernos solamente han agravado la precariedad laboral. Se requiere un nuevo enfoque para abordar esta situación.

Cuarto problema, el abandono de nuestras poblaciones vulnerables, en este caso las personas adultas mayores (PAM). Las cifras son también desgarradoras, el 38.4 % del total de adultos mayores de 60 años a más vive solo en el Perú. La mitad de las personas con discapacidad en nuestro país es adulto mayor, apenas el 39 % de las PAM reciben una pensión de jubilación. Otro dato a considerar es que el riesgo de ser pobre se incrementa en las personas de mayor edad. A su vez,  de acuerdo con las cifras del CEM del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, los adultos mayores están expuestos a altos niveles de violencia, siendo los agresores principales sus propios hijos e hijas.

En conclusión, ante la magnitud de estos problemas estructurales, es fundamental el compromiso de las dos próximas administraciones para darle continuidad a las políticas públicas que aborden estas problemáticas.

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