Opinión pública sobre la sindicalización laboral

Recientemente el Ministerio de Trabajo emitió el Decreto Supremo N° 014-2022-TR que presenta múltiples modificaciones a la regulación para la conformación de sindicatos y del ejercicio del derecho de huelga en el país.

Centro Wiñaq

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Escrito por Camilo Ferreira

Recientemente el Ministerio de Trabajo emitió el Decreto Supremo N° 014-2022-TR que presenta múltiples modificaciones a la regulación para la conformación de sindicatos y del ejercicio del derecho de huelga en el país. Este decreto fue saludado por buena parte de la izquierda como el mayor avance programático para este sector durante lo que va de la presidencia de Pedro Castillo.

Este decreto reduce los costos de formación de sindicatos, eleva la capacidad de los sindicatos para dañar económicamente a las empresas, fortalece a las federaciones de sindicatos, centraliza la actividad sindical, brinda beneficios a las dirigencias sindicales y fomenta la sindicalización por rama, cadena productiva y en PYMES.

El discurso oficial y de los sectores de izquierda consideran que esta es una medida que acerca al gobierno a los trabajadores y con ello a las mayorías nacionales. Detrás de este discurso hay unos supuestos tácitos relativos a la estructura de la sociedad. Se asume que existe una mayoría de empleados subordinados laboralmente a una minoría de empleadores capitalistas dueños de los medios de producción. Esta visión es heredera de la visión marxista clásica de la estructura de la sociedad industrial dividida entre una minoría de burgueses y una mayoría de proletarios. Dentro de este marco interpretativo el DS permitiría al gobierno obtener réditos políticos con “las mayorías trabajadoras a las que se les redistribuye ingresos a costa de la minoría capitalista”.

Sin embargo, la evidencia indica que la sociedad peruana no posee la estructura asociada a una sociedad industrial clásica. Un 70% de la población trabaja en el sector servicios, una pequeña mayoría trabaja en grandes empresas y un 75% de la población es informal. Esto lleva a que el soporte social a este DS sea distinto al que se podría esperar.

Con el fin de conocer la naturaleza del soporte político a estas medidas el Centro Wiñaq encargó a IPSOS un conjunto de mediciones respecto al estado de la opinión pública en diversas temáticas laborales.

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Se preguntó respecto a la postura de la ciudadanía respecto al DS. El dato más saltante es el 70% que no está enterado al respecto. Esto a pesar de las declaraciones de múltiples voceros oficialistas, organizaciones sindicales y activistas políticos referidos al DS que han tratado de colocar el tema en la agenda pública. Consideramos que este desconocimiento surge del desinterés de la ciudadanía. Este desinterés puede tener como fundamento el alto grado de informalidad, baja tasa de sindicalización y rol primordial del PYMES en la generación de empleo. Estos factores llevan a que este DS no se perciba como algo que pudiera afectar la vida de la mayoría de la población. Este grado de desconocimiento es más elevado en el interior, sectores rurales y sectores D y E. Esto entra en contraste con la idea de que fortalecer sindicatos es un mecanismo de acercamiento con los sectores populares.

Otro dato significativo consiste en un rechazo que supera ligeramente al apoyo entre la minoría que conoce del proyecto, en mayor medida en Lima donde el rechazo es 14 puntos más alto que el apoyo. Esto es relevante puesto que la capacidad de movilización de las organizaciones sociales para incidir sobre el Congreso o el Ejecutivo depende en gran medida de la convocatoria que puedan lograr en Lima.

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Otra pregunta que se realizó fue referida al grado de confianza de la ciudadanía en las organizaciones sindicales. Aquí se puede percibir que los sindicatos no comandan un alto grado de confianza por parte de la ciudadanía. Esto es esperable en una sociedad en la que se ha debilitado la confianza tanto de las instituciones públicas como privadas. A esto se añade que frente a un 74% de informalidad de la fuerza laboral y la baja tasa de sindicalización sólo una minoría puede verse beneficiada de alguna forma por la actividad sindical. Estos resultados afectan la capacidad de convocatoria de las organizaciones sindicales. El historial reciente de movilizaciones sindicales en lo que va del gobierno de Castillo nos indica una capacidad de convocatoria de algunos cientos de manifestantes lo que es consistente con el escaso 5 por ciento en Lima que tiene “mucha confianza” en las organizaciones sindicales.

Durante el gobierno de Castillo se han visto disputas entre el Ejecutivo y el Legislativo respecto a políticas públicas. Un caso llamativo de esta disputa fueron los casos de la petición de facultades tributarias por parte de Pedro Francke y los cambios en los mecanismos de gobierno de la SUNEDU. En ambos casos el Congreso actuó en contra de la postura expresa del Ejecutivo. También en ambos casos diversas organizaciones de la sociedad civil se mostraron en contra de la postura del legislativo. Sin embargo, la capacidad de resistencia de dichas organizaciones a la postura del congreso se mostró incapaz de incidir de manera exitosa.

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Dada la actual naturaleza de las relaciones Ejecutivo Legislativo es posible que el congreso tome medidas que afecten la aplicación del DS. Una de las preguntas planteadas evalúa la postura de la ciudadanía frente posibles acciones del legislativo. Se encuentra que un 24% desea un rechazo directo del DS de parte del Congreso mientras un 26% una aceptación plena a la medida del Ejecutivo. El bloque principal de la opinión pública consiste en un 40% que apoya la suspensión de la aplicación del DS pendiente de un proceso de diálogo social con diverso tipo de actores. Justamente para este decreto laboral, no se consultó al espacio de diálogo creado para esto: el Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo.

El resultado de estas preguntas nos permite llegar a un conjunto de conclusiones. La principal es que las disputas respecto a la legislación laboral involucran a un sector minoritario de la población. A esto se adiciona el bajo respaldo social a las organizaciones sindicales, las cuales están ligadas a una economía formal alejada de la mayoría de la población. Bajo estas condiciones, el conflicto relativo al DS es uno entre coaliciones sociales minoritarias tanto por el lado empresarial como sindical.

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