Fiestas Patrias 2025: esto opinan los gremios tras el discurso presidencial de Dina Boluarte

César Tello Ramírez, presidente de ADEX, respaldó la visión de la presidenta, centrada en la estabilidad, el comercio exterior, el cierre de brechas y el fortalecimiento democrático, importante para un Perú moderno y competitivo.

ADEX resaltó que el crecimiento económico proyectado entre 3.1% y 3.5% es positivo, pero insuficiente frente al 6 % necesario para reducir la pobreza y generar empleo formal.

Para alcanzar ese objetivo, el gremio pidió acelerar la agenda legislativa pendiente, como la aprobación de la nueva Ley Agraria, la Ley de Zonas Económicas Especiales y la modificación del reglamento de la Ley N.º 31969.

ADEX valoró que el mensaje presidencial abordara temas clave como la inseguridad, la minería ilegal y la desregulación, fortaleciendo la confianza empresarial. Destacó también el potencial de las agroexportaciones, que podrían multiplicarse por cuatro con nuevos proyectos de irrigación, aunque advirtió sobre la necesidad de mejorar las vías de acceso para movilizar la carga.

Asimismo, subrayó el récord histórico de exportaciones en 2024, con $ 74,463 millones, y su impacto positivo en la descentralización, la lucha contra la pobreza y la formalización. ADEX también valoró las obras agrarias, el impulso a las mypes y la meta de digitalizar el 100 % de las entidades públicas para 2030.

CONFIEP: Estabilidad, pero exigen contundencia 

La CONFIEP reconoció que el gobierno ha logrado brindar estabilidad al país, mejorando su imagen internacional tras la gestión de Pedro Castillo. Atribuyó el actual crecimiento económico a esa estabilidad, a los altos precios de los minerales y a una política monetaria responsable del BCR, que ha mantenido baja la inflación, estable el tipo de cambio y crecientes las reservas internacionales.

Sin embargo, criticó la falta de contundencia en temas clave del mensaje presidencial, como la lucha contra la minería ilegal. Expresó preocupación por la cercanía de algunos ministros con mineros informales y exigió medidas firmes, como mantener la eliminación de los registros del Reinfo y establecer una fecha límite definitiva (31 de diciembre) para la formalización.

CONFIEP señaló que el Perú tiene potencial para crecer entre 6 % y 8 % si se destraban proyectos mineros y se mejora la infraestructura. No obstante, advirtió que el “ruido político” por las elecciones con más de 40 partidos y candidatos puede generar incertidumbre para los inversionistas.

De cara al último año de gobierno, pidió acciones claras contra la delincuencia y el crimen organizado —incluida la minería ilegal—, una mejor articulación entre el Estado, el Congreso y el Ministerio Público, y convertir la formalización en política de Estado mediante la desregulación. También instó a mejorar la educación con evaluación y capacitación docente, y a elevar la calidad del sistema de salud.

A pesar de que el mensaje presidencial abordó temas económicos importantes, hubo una omisión crítica: el transporte. La Asociación Automotriz del Perú sostuvo que no se mencionó la crisis del sistema público, la inseguridad vial (con más de 3,000 muertes al año) ni la necesidad de modernizar la movilidad urbana.

Esta omisión es significativa, ya que el sector transporte, a través del automotor, representa aproximadamente el 12 % del PBI nacional. Su deficiente gestión afecta la productividad y la calidad de vida de millones de peruanos. Se estima que las principales ciudades pierden más de S/ 2,000 millones anuales por congestión, y Lima Metropolitana más de S/ 20,000 millones por la misma causa. Mientras otros países avanzan hacia sistemas de transporte integrados y sostenibles, el Perú sigue sin una visión de Estado clara en este ámbito, lo que evidencia falta de estrategia, compromiso y liderazgo.

En resumen, aunque los gremios empresariales coinciden en la necesidad de consolidar la estabilidad, atraer inversiones y fomentar exportaciones para el crecimiento, existe preocupación por la falta de acciones contundentes en temas clave y, en especial, por la ausencia del transporte en la agenda presidencial, lo que representa una deuda pendiente con la ciudadanía y el desarrollo del país.