| Fuente: Andina

Los trabajadores peruanos no confían en las AFP. Y no solo no confían en ellas, también las detestan. No es muy difícil detestar a una empresa que todos los meses se lleva entre 12% y 13% de mi remuneración con la promesa de pagarme una jubilación digna en 30 o 40 años. La mayoría dirá que prefiere contar con el dinero en este momento y no esperar cuatro décadas.

¿Pero no es importante ahorrar pan para el otoño de nuestras vidas? Claro que sí, pero lo cierto es que existe una percepción de que las instituciones públicas y privadas involucradas no operan buscando el mejor interés de los afiliados y por eso no confían en el sistema ni público, ni privado, como advierte la propia Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en un estudio sobre el sistema previsional en el Perú.

“La población no entiende claramente cómo funciona y cómo los aportes al sistema les serán beneficiosos financieramente llegada la edad de jubilación”, dice el documento. Lo que perciben los trabajadores, por el contrario, es que estas grandes administradoras siguen percibiendo jugosas utilidades, mientras el valor de sus fondos se evapora en terremotos financieros como el que vivimos en la actualidad.

Pero ¿el problema es solo una cuestión de percepción? Obviamente no. El Fondo Monetario Internacional (FMI) advertía en julio del año pasado que los afiliados de las AFP en Perú se jubilarán con una pensión equivalente a solo un tercio de su sueldo si no se aplicaban cambios al sistema. Mientras que la OCDE hablaba de una pensión equivalente solo al 15% o 20% de la remuneración.

Es claro que el sistema de pensiones en el Perú requiere de una reforma integral como propone el presidente Martín Vizcarra y como se ha planteado en varias oportunidades desde el sector público y privado, pero ¿la propuesta del Congreso de permitir retirar hasta el 25% de nuestros fondos (ahora con un tope de S/12,900) es la más acertada?

Pongamos un ejemplo. Imaginemos que compramos una casa a S/100,000, pero un terremoto genera que el valor de las propiedades cae a la mitad y ahora nuestra casa cuesta S/50,000. ¿Es el momento de vender?

Algunos dirán que prefieren recuperar, aunque sea, la mitad de lo invertido, pero los inmuebles, al igual que los fondos de pensiones, son inversiones de largo plazo, y es más que seguro que el valor de nuestra casita se recuperará en el fututo, como ya hemos visto en otras ocasiones.

Sin embargo, la propuesta del Congreso, que recoge más el enojo de la gente sobre las AFP que fundamentos técnicos, podría generar que salgan del sistema más de S/24,000 millones, lo que generará que esas pérdidas que ahora vemos tras la pantalla del computador se materialicen en la realidad.

Las AFP se verán obligadas a vender los activos, donde tiene invertidos nuestros fondos, en un mercado deprimido con precios por los suelos, lo que en la práctica generará pérdidas tangibles no solo para los que retiren sus fondos, sino para aquellos que permanezcan en las AFP. Es decir, terminaremos rematando nuestra casita ante el miedo de no recuperar.

La ministra de Economía y Finanzas, María Antonieta Alva, ha advertido que esto podría generar una crisis adicional a la que ya sufrimos por el COVID-19, mientras que el presidente del Banco Central de Reserva, Julio Velarde, advirtió que esto pone en riesgo la estabilidad macroeconómica del país, quizá uno de los activos más preciados que tiene el país.

Pero una propuesta lanzada más con tintes populistas y sangre en el ojo no quita la necesidad de una verdadera reforma del sistema de pensiones, cuyo principal objetivo debería ser abarcar el mayor número de trabajadores. En la actualidad solo 3.5 millones aportan de manera constante a una AFP.

Una verdadera reforma debería pensar en ese 70% de trabajadores informales que en este momento no tienen ningún beneficio laboral, ni ninguna protección de salud y menos un futuro para la vejez.

Y, obviamente, una verdadera reforma tendría que contemplar cambios profundos en el sistema público (ONP), donde seis de cada 10 afiliados no recibirán una pensión porque no cumple con el requisito de haber aportado durante 20 años.

Pero no se puede remodelar la casa, cuando esta se está incendiando. Si hacemos eso, la familia puede terminar quemada.