La iniciativa señala que los trabajadores, ex trabajadores y jubilados, o sus sucesores, de las empresa azucareras no podrán transferir las acciones que fueron adquiridas, según lo establecido por el Decreto de Urgencia 008-2011, dentro de los primeros 24 meses.
La Comisión Agraria, aprobó por unanimidad, el proyecto de ley que establece medidas complementarias al Decreto de Urgencia 008-2011, que autoriza la transferencia de la participación del Estado en las empresas agrarias azucareras a favor de los trabajadores.
La iniciativa señala que los trabajadores, ex trabajadores y jubilados, o sus sucesores, de las empresa azucareras no podrán transferir las acciones que fueron adquiridas, según lo establecido por el Decreto de Urgencia 008-2011, dentro de los primeros 24 meses.
La propuesta fue multipartidaria y sustentada en la sesión hoy, por el congresista Mario Alegría (PAP).
Al respecto el congresista Alegría, señaló que el decreto de urgencia no era inconstitucional y lo que se buscaba – a través de la iniciativa presentada- era “ratificar” el citado decreto y establecer medidas complementarias a la norma.
Dice el proyecto aprobado que luego de la transferencia de las acciones a favor de los trabajadores, ex trabajadores y jubilados, si existiese una diferencia económica a favor del Estado, los beneficiados o sus sucesores tendrán un plazo de cinco años para poder cambiar la diferencia al órgano designado por ley.
Por su parte el congresista Tomás Zamudio (GPN) comentó su conformidad con el contenido. Sin embargo, señaló que debería haber algunos cambios, entre ellos la eliminación del artículo 1 (que ratifica el Decreto de Urgencia) y el segundo párrafo del artículo 5, que establece la suspensión de toda acción judicial o administrativa en cualquier instancia relacionada con el cumplimiento de las obligaciones exigibles porque en la práctica esto no se cumple.
También expresaron su respaldo a la iniciativa los congresistas Franklin Sánchez, Helvezia Balta y Jorge del Castillo (PAP). Este último señaló que las circunstancias sobre la transferencia de acciones habían cambiado con el decreto de urgencia, que hoy implicaba que las acciones del Estado pasaban a los trabajadores y estos dejaban de ser acreedores para ser accionistas.
Agregó que es indispensable plantear la reestructuración de la deuda de la empresa Pomalca y que debería mantenerse el artículo 1 del proyecto, porque el decreto de urgencia era temporal.
“Hay que evitar los monopolios retomen las tierras, por lo que la reestructuración de la transferencia era indispensable”, refirió Del Castillo.
Por su parte, el congresista Franco Carpio (UN), compartió la posición de Del Castillo y recordó que desde el año 2006, en que se presentó el primer proyecto de ley sobre este tema, siempre habían quedado vacíos y la protección de la deuda en las empresas era ‘letra muerta’.
En tanto que el congresista Víctor García Belaunde (AP) se expresó contrario a la propuesta, señaló que con ello se estaba favoreciendo a los dueños de Pomalca, la familia Oviedo, que en solo en cinco años había tenido una sobreutilidad de 117 millones de dólares por la venta de azúcar a un precio menor del que establece el mercado internacional, y afirmó que la compra del 85% de las acciones que serían transferidos a los trabajadores, sería adquirido por los empresarios.
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