Apurímac se convierte en segundo con conflictos socioambientales

El región de Apurímac se ha convertido en el segundo lugar después de Ancash con conflictividad social en el país, así lo advirtió XII Informe del Observatorio de Conflictos Mineros (OCM) en el Perú.

El informe indica que en esta parte del país predominan los conflictos mineros, las movilizaciones de las poblaciones de Andahuaylas y Aymaraes; los reclamos de los mineros artesanales contra la concesiones otorgadas por el Estado a las grandes empresas mineras que se ubican en la región, según ellos son excesivas; el pedido de mayores empleos directos e indirectos en Cotabambas y los procesos de reubicación de algunos pobladores.

Según Emma Gómez, sub directora de Cooperacción a junio pasado las regiones con mayor conflictividad a nivel nacional con conflictos sociambientales, de los cuales predominan los mineros son Ancash con 19 activos y 5 latentes, seguido por Apurimac con 18 activos y 1 latente, Puno con 7 activos y 3 latentes, Cajamarca con 10 activos latentes, Loreto con 8 activos y 1 latente, Piura con 6 activos, entre los principales.

"Hay una tendecia en torno a la reactivación de estos conflictos, que ahora son más intensos y le piden al gobierno un cambio de su política porque sus reclamos no han sido atendidos. La supuesta desaceleración no existe pues el PBI minero es positivo, hay proyectos hasta los próximos años,  usar ese argumento pone en riesgo a las poblaciones vulnerables pues ahora unos 14 proyectos mineros no pasarán por consulta previa", dijo.

En el norte del país, algunos conflictos adormecidos comienzan a reactivarse, por ejemplo contra el proyecto minero Rio Blanco en Piura; el caso Conga en Cajamarca.

En Junín, en La Oroya y en Toromocho hay dos posibles reactivaciones, uno es el caso del complejo metalúrgico de la empresa Doe Run. Por otro lado, la compañía Chinalco anunció que su proyecto Toromocho ampliará sus inversiones en la zona.

El informe OCM identifica que uno de los focos de los conflictos es el entrampamiento de la aplicación de la Ley de Consulta Previa.

El informe fue elaborado por las organizaciones no gubernamentales Grufides, CooperAcción y Fedepaz.