Capeco propone catorce medidas para impulsar sector construcción

La Cámara Peruana de la Construcción (Capeco) propuso catorce medidas para reactivar el sector construcción del país y promover la construcción de hasta 500,000 viviendas hacia el 2021. El sector construcción ha sido uno de los que más ha retrocedido en los últimos meses entre todos los sectores de la actividad económica peruana.

Metas del gobieno. Guido Valdivia, director ejecutivo de Capeco, dijo que las medidas contribuirá al logo de las metas del gobierno, que ha proyectado para el bicentenario. Así, ha planteado propuestas de emergencia para sentar las bases de dicho propósito.

Varios frentes. Según detalló el líder gremial, el documento ha sido elaborado por el Consejo Permanente por la Ciudad, VIvienda y Territorio, que está integrado por el Colegio de Arquitectos del Perú, el Colegio de Ingenieros del Perú, La Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú (FTCCP) y Capeco.

Las medidas. Valdivia detalló que las 14 propuestas:

1. Viabilizar, con carácter de urgencia, la aprobación de los recursos necesarios para financiar el desembolso de Bonos Familiares Habitacionales (BFH) del Programa Techo Propio, agotados en la actualidad. Se requiere una ampliación de S/. 290 millones para atender los requerimientos hasta diciembre. Estos fondos permitirían construir no menos de 12 mil unidades de vivienda Techo Propio.
   
   
2. Incrementar el presupuesto asignado para el otorgamiento de BFH-Techo Propio para el año 2017. La demanda real es de 60 mil BFH o S/. 1 200 millones, habiéndose definido un techo presupuestal de S/. 466 millones o 24 mil BFH. Cabe señalar que en el 2014 se desembolsaron 45 mil subsidios y 50 mil en el 2015.
   
   
3. Implementar una unidad de medida que permita la actualización de precios, montos de los créditos y subsidios, de manera sistemática. Esto demanda la modificación de la Ley de creación del Bono Familiar Habitacional, que debería presentarse al Congreso de la República en un plazo perentorio.
   
   Además, esta modificación de la Ley podría autorizar a los Gobiernos Regionales el empleo de sus propios recursos en el otorgamiento de subsidios de vivienda y mejoramiento de barrios. También tendría que implementarse la modalidad de subsidio al alquiler de vivienda, para hogares que no pueden acceder a la vivienda propia ni siquiera con el apoyo del subsidio. Igualmente, se debe incorporar como modalidad del programa, el reforzamiento estructural de viviendas precarias. Por último, la ley debería exigir que los montos que se asignen a BFH sean predecibles, para lo cual se propone que sean incluidos en el Marco Macro-económico Multianual.
   
   
4. Disponer la exoneración del IGV para las viviendas que se construyan bajo el programa Techo Propio-modalidad construcción en sitio propio (corresponde por ser viviendas con precios largamente inferiores a las 35 UITs que es el tope no gravado con el IGV). Paralelamente, se deberá implementar un crédito hipotecario para esta modalidad, con lo cual se asegura la calidad de la construcción de toda la vivienda (y no sólo del módulo inicial) sino que se establece una mejor relación entre el monto del subsidio y el precio de la vivienda: de 97% a 45%.
   
   
5. Implementar mecanismos para evitar que sigan subiendo las tasas de interés de los créditos que otorga el Fondo Mivivienda. Se propone: (i) Otorgar garantía soberana a las emisiones en moneda extranjera; (ii) Promover una mayor participación de las AFPs en las emisiones en moneda nacional; (iii) Financiar al Fondo Mivivienda a través de líneas de crédito del Banco de la Nación.
   
   
6. Trabajar mecanismos financieros para optimizar los recursos del Fondo Mivivienda: Seguros de Cobertura de Riesgo Crediticio (para bancos comerciales que trabajen con sus propias líneas); empleo de Títulos de Crédito Hipotecario Negociables y estandarización de hipotecas para instituciones de micro-financiamiento. También es necesario promover competencia en el financiamiento hipotecario, incorporando a los Fondos de Inversión Inmobiliaria como originadores de crédito.
   
   
7. Resolver los cuellos de botella que impiden la formalización de la transferencia de 8 terrenos de propiedad del Ministerio de Defensa que fueron transferidos antes del 2011 a promotores privados para la construcción de 10 mil viviendas sociales.
   
   
8. Promover la modificación de la Ley de Contrataciones del Estado, para garantizar la transparencia de los procesos, reducir la corrupción, estimular la competencia e incrementar la calidad de las obras públicas. En general, se propone reducir al máximo la discrecionalidad de los funcionarios encargados de llevar a cabo laslicitaciones; impulsar la estandarización de procedimientos y requisitos; incorporar a entidades especializadas para garantizar la idoneidad de información clave dentro del proceso de licitación; y extender el empleo de las tecnologías de modelamiento de construcción en el control integral de los proyectos, obras e infraestructuras resultante.
   
   
9. Poner en marcha una estrategia de prevención y solución pacífica de conflictos sociales vinculados a la ejecución de obras de infraestructura y mega-proyectos productivos, que debe incluir la planificación territorial de las áreas de influencia de dichos proyectos así como la implementación previa de obras de infraestructura social dirigidas a la población que reside en tales áreas.
   
   
10. Introducir modificaciones en los mecanismos existentes para la ejecución de proyectos de infraestructura, entre ellos el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) así como las modalidades de Obras por Impuestos, Iniciativas Privadas y Alianzas Público-Privadas.
    
    
11. Declarar en emergencia la provisión de servicios sanitarios, en aquellas zonas comprendidas en proyectos de renovación de redes que no han sido ejecutados por la existencia de litigios vinculados a incumplimientos de las empresas contratadas para las obras. Esto permitiría desarrollar las obras paralelamente al seguimiento de los procesos judiciales correspondientes.
    
    
12. Promover las asociaciones público-privadas que permitan financiar las obras de renovación de redes de agua y desagüe en aquellas zonas en las que la dinámica del mercado inmobiliario permita la participación de la inversión privada en la provisión de estas infraestructuras.
    
    En los casos que se requiera, deberá participar el Ministerio de Vivienda a través del Programa Nacional de Saneamiento Urbano permitirse que en estos procesos de APPs se puedan incorporar parcialmente inversiones a través del mecanismo de obras por impuestos, lo que mejoraría el perfil de financiamiento de los proyectos. El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y las Empresas Prestadoras de Servicios (EPS) deberán identificar y priorizar proyectos en los que se puede implementar este mecanismo.
    
    
13. Implementar la estrategia integral para el combate del crimen organizado en las obras de construcción civil, mediante un esquema de colaboración público-privada, que ha sido presentada por la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú (FTCCP) y la Cámara Peruana de la Construcción (CAPECO) a la Comisión Multisectorial creada por el Decreto Supremo N° 087-2015-PCM, que contiene acciones integradas en los diferentes ámbitos involucrados en este agudo problema social.
    
    Entre las primeras acciones propuestas está la depuración de los registros oficiales a los seudo-sindicatos y a falsos trabajadores de construcción civil, así como evitar la inscripción de éstos en el futuro; así como el fortalecimiento de la acción de la División de Protección de Obras de Construcción (DIVPOC).
    
    
14. Implementar los Consejos Consultivos en el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) y en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), que -en términos generales- tendrán como objetivos: (i) emitir opinión sobre cada una de las propuestas de norma, programa, plan o política sectorial que sean puestas a su consideración; (b) alcanzar al MVCS o al MTC, de manera consensuada o a iniciativa de algún o algunos representantes, propuestas de norma, programa, plan o política; (c) impulsar procesos de discusión de estas propuestas, fuera del ámbito del Consejo.