El Gobierno presentó un proyecto de ley al Congreso para reemplazar al decreto de urgencia 003, que impedía a Odebrecht vender sus activos sin asegurar el pago de su reparación civil y que vence la próxima semana. La iniciativa plantea incluir en este régimen a las constructoras investigadas por corrupción.
Nuevo DU 003
En conferencia de prensa en el Legislativo, la ministra de Economía, Claudia Cooper, explicó que el proyecto busca que las empresas involucradas en el caso Lava Jato, puedan seguir funcionando en el país con el objetivo de reactivar la economía.
Hizo un mea culpa
Según el MEF, el DU 003 evitó que las empresas que habían cometido delitos se vayan sin pagar una reparación civil. Además, permitió retener montos de los proyectos que están en operación por un monto equivalente a S/ 25 millones. Sin embargo, el DU 003 no ha permitido la continuidad de los proyectos.
La propuesta legal establece una medida cautelar ad hoc, que sustituye las medidas cautelares adicionales, para 3 tipos de empresas: 1. Condenadas o que han confesado; 2. Socias, asociadas o consorciadas con empresas de tipo 1; y 3. Empresas bajo investigación, que se pueden acoger voluntariamente.
Con esta medidas el proyecto busca el cobro inmediato de la reparación civil a favor del Estado, fomentar la colaboración eficaz, y la continuidad de los proyectos.
Sin embargo desde el Salón de los Pasos Perdidos del Congreso, Cooper agregó que "el proyecto de ley lo que busca es primero mejorar los temas que de alguna manera no funcionaron bien en el 003".
Asimismo, la ministra señaló que, la agenda de trabajo de su despacho se focaliza en asegurar el pago de la reparación civil, a través de la viabilización de la venta de activos/proyectos y de la continuidad de los proyectos.
Incentivan la colaboración eficaz
"El decreto buscará incentivar los procesos de colaboración eficaz de personas jurídicas que han sido utilizadas como vehículos para cometer actos de corrupción, a fin de facilitar la persecución del delito", anotó.
Según el documento presentado al Congreso esta tarde, para acogerse al régimen, las empresas deberán brindar acceso a la información a la fiscalía. De acogerse, se podrán excluir total o parcialmente las medidas consideradas en el presente proyecto de ley (acuerdo entre la empresa y Ministerio Público).
También se establece la obligación de constituir veedores en las empresas incluidas en el Proyecto de Ley (asociadas a actos de corrupción, socias e investigadas) a fin de que pueda hacerse seguimiento sobre el devenir de la empresa, el mantenimiento de la cadena de pagos, el cumplimiento de las obligaciones tributarias y laborales, entre otros.
El Estado peruano podrá cobrar inmediatamente la reparación civil a:
1. Empresas condenadas o que han confesado: Les podrá retener un porcentaje no minoritario del precio de venta de estas compañías, el mismo que irá a un Fideicomiso a favor del Estado. También podrá retener un porcentaje cierto de los pagos del Estado, prohibir las transferencias de capitales y dividendos al extranjero.
Cobrar las deudas tributarias vencidas con cargo al Fideicomiso de Reparación Civil. Se excluye la necesidad de medidas cautelares por parte de Sunat. Asegurar el pago de obligaciones tributarias futuras, creando un mecanismo de detracción en los pagos que realicen las entidades públicas (un porcentaje del IGV.
2. Socias, asociadas o consorciadas con empresas condenadas o que han confesado: El Estado podrá asegurarse que cuenten con un monto suficiente para cobrar la reparación civil que determine el juez mediante la constitución de un Fideicomiso de Garantía a favor del Estado. Esto da predictibilidad, en el corto plazo, para no romper el financiamiento de los proyectos ni la cadena de pagos. Deberán incluir programas de “compliance” para prevenir la futura comisión de delitos. Y podrán prohibirles transferencias de capitales y dividendos al extranjero.
3. Empresas bajo investigación, que se pueden acoger voluntariamente: Las empresas constituirán un Fideicomiso a favor del Estado, como garantía del futuro pago de la reparación civil que se fije. Esto da predictibilidad, en el corto plazo, para no romper el financiamiento de los proyectos ni la cadena de pagos. Deberán incluir programas de “compliance” para prevenir la futura comisión de delitos.
