Caso Odebrecht: Gobierno presentó proyecto que reemplaza al decreto de urgencia 003

El Gobierno presentó un proyecto de ley al Congreso para reemplazar al decreto de urgencia 003, que impedía a Odebrecht vender sus activos sin asegurar el pago de su reparación civil y que vence la próxima semana. La iniciativa plantea incluir en este régimen a las constructoras investigadas por corrupción.

Nuevo DU 003

En conferencia de prensa en el Legislativo, la ministra de Economía, Claudia Cooper, explicó que el proyecto busca que las empresas involucradas en el caso Lava Jato, puedan seguir funcionando en el país con el objetivo de reactivar la economía.

Hizo un mea culpa

Según el MEF, el DU 003 evitó que las empresas que habían cometido delitos se vayan sin pagar una reparación civil. Además, permitió retener montos de los proyectos que están en operación por un monto equivalente a S/ 25 millones. Sin embargo, el DU 003 no ha permitido la continuidad de los proyectos.

Sin embargo desde el Salón de los Pasos Perdidos del Congreso, Cooper agregó que "el proyecto de ley lo que busca es primero mejorar los temas que de alguna manera no funcionaron bien en el 003". 

Asimismo, la ministra señaló que, la agenda de trabajo de su despacho se focaliza en asegurar el pago de la reparación civil, a través de la viabilización de la venta de activos/proyectos y de la continuidad de los proyectos.

Incentivan la colaboración eficaz   

"El decreto buscará incentivar los procesos de colaboración eficaz de personas jurídicas que han sido utilizadas como vehículos para cometer actos de corrupción, a fin de facilitar la persecución del delito", anotó.

Según el documento presentado al Congreso esta tarde, para acogerse al régimen, las empresas deberán brindar acceso a la información a la fiscalía. De acogerse, se podrán excluir total o parcialmente las medidas consideradas en el presente proyecto de ley (acuerdo entre la empresa y Ministerio Público).

También se establece la obligación de constituir veedores en las empresas incluidas en el Proyecto de Ley (asociadas a actos de corrupción, socias e investigadas) a fin de que pueda hacerse seguimiento sobre el devenir de la empresa, el mantenimiento de la cadena de pagos, el cumplimiento de las obligaciones tributarias y laborales, entre otros.