Ministro de Economía afirma que la consulta previa a las comunidades no debe ser una excusa para no avanzar con las inversiones.
El gobierno viene realizando un arduo trabajo administrativo para desatar los nudos que impiden el avance de las grandes inversiones en el país, con las cuales se cuenta como parte del plan para contrarrestar el deterioro de la economía global.
"Es cierto que ha habido un desface, ha habido un tiempo de aprendizaje, pero ya se está realizando mucho trabajo que no se ve y del cual pronto verán los resultados", dijo hoy el ministro de Economía, Luis Miguel Castilla, en una reunión con periodistas.
En ese sentido dijo que la Ley de Consulta Previa, cuyo reglamento se elabora actualmente con participación de las comunidades, no debe ser "una excusa para que no avancen las inversiones", aunque precisó que ya actualmente muchas grandes inversiones hacen esta consulta no vinculante.
Castilla fue enfático, sobre todo, en cuanto al desarrollo de infraestructura para la generación y distribución de energía: "La seguridad energética está por encima de cualquier cosa", señaló.
Conga y la inversión minera
Sobre la minería en particular, Castilla dijo que se vienen adelantando las obras para que la población en las áreas de influencia de los proyectos comience a sentir los beneficios de la inversión.
Dijo también que la voluntad del gobierno es tener listo el peritaje del proyecto minero Conga, en Cajamarca, lo antes posible.
"Cada día de paralización (en Conga) cuesta US$2 millones. Si el tiempo sigue corriendo, el costo ya no será de US$4.500 millones, sino de US$5.000 millones y después de US$5.500 millones; y llegará un momento en el que el proyecto ya no será rentable", advirtió.
Castilla recordó que las empresas inversionistas en Conga han advertido sobre este límite de tiempo en el cual la inversión ya no será rentable.
Dijo además, que el Estado peruano no está dispuesto a afrontar ninguna contingencia judicial por no cumplir con sus compromisos, tales como los asumidos con las empresas mineras a las que se les dio los permisos tras haber cumplido con todos sus trámites.
En el 2011 se detuvieron tres proyectos mineros que ya tenían autorizaciones oficiales: Tía María, de Southern Perú; Santa Ana, de Bear Creek Mining; y Conga, de Buenaventura y Newmont.
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