CCL alerta pérdida de más de 50 mil empleos por Decreto de Urgencia 003

El presidente de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), Mario Mongilardi, invocó al Poder Ejecutivo a modificar el Decreto de Urgencia N° 003, que vence el 13 de febrero y paraliza las transferencias de las empresas vinculadas al caso Lava Jato para garantizar el pago de la reparación civil.

Además solicitó establecer un mecanismo de protección financiera para el Estado, a fin de evitar un daño irreparable a la economía.

"A la fecha se han perdido más de 50,000 puestos de trabajo formales y se han paralizado obras por un monto superior a los S/ 30,000 millones", afirmó Mongilardi.

Empresas podrían quebrar

Señaló que el resultado de la aplicación del D.U. N° 003, tal y como está emitido, lo único que ha generado es que las obras se encuentren prácticamente paralizadas, habiéndose perdido importantes puestos de trabajo y que las empresas involucradas no puedan cumplir las obligaciones pendientes con sus proveedores.

“De no haber cambios drásticos en la normatividad, estas empresas van directo a la quiebra, con lo cual las obras quedarán inconclusas, y el Estado no podrá cobrar las penalidades. Con esta situación todos perdemos”, acotó.

Mongilardi consideró  que a pocas semanas del vencimiento del mencionado Decreto de Urgencia, es imperiosa la necesidad de establecer un mecanismo financiero, a fin de no paralizar las obras en ejecución y proteger la reparación civil para el Estado por los actos de corrupción que se hayan generado, como producto de las licitaciones y la ejecución de obras que llevan a cabo las empresas constructoras y sus consorciadas.

Para evitar paralización de obras

El empresario remarcó que “esta propuesta se hace con el único objetivo de coadyuvar a la sostenibilidad económica y cautelar los intereses del Estado en el marco de la Constitución y las leyes”.

En ese contexto, la CCL invocó a las empresas e instituciones que una vez producida la modificación al Decreto de Urgencia 003-2017 se realice con estricta rigurosidad, como lo establece la norma, a fin de evitar la paralización de la ejecución de las obras públicas, las alianzas públicas privadas (APP) y la ruptura de la cadena de pagos, situación que sólo traería caos en la economía, afectando a todo tipo de proveedores.

Según Mongilardi, actualmente quienes tienen que aplicar este Decreto de Urgencia no están cumpliendo con lo establecido en dicho dispositivo, en la medida que los proveedores, que tienen que cobrar por los servicios que brindan a las empresas que actualmente vienen siendo involucradas e investigadas en procesos de corrupción, no están cobrando a tiempo por los bienes o servicios contratados.