Confiep entregó Declaración Empresarial en Cumbre CELAC-UE

La Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), junto a los organizadores de la IV Cumbre Empresarial de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños - Unión Europea (Celac-UE), entregaron ayer la Declaración Empresarial de la Cumbre a los más de 40 jefes de Estado y de Gobierno reunidos en Santiago de Chile.

Este documento es un compromiso del sector empresarial de la Celac-UE a colaborar activamente con las políticas birregionales que promuevan la cohesión social y el desarrollo económico de los países como herramientas esenciales para erradicar la pobreza, mejorar el acceso a la sociedad del conocimiento y contribuir al desarrollo del capital humano, que permitirán la construcción de sociedades más justas, democráticas y libres.
 
El presidente de la Confiep, Humberto Speziani, formó parte de la delegación como representante del sector empresarial de América Latina y la Comunidad Europea que entregó este documento a los Ministros de Relaciones Exteriores de los países de la Celac-UE,  por invitación de Alfredo Moreno, canciller  de Chile, país anfitrión de la cumbre.

Lo acompañaron el presidente de la Comisión Organizadora de la Celac-UE, Rafael Guilisasti, y el presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio de Chile-CPC, Lorenzo Constans.
 
Speziani participó el sábado 26 de enero, junto a otros destacados panelistas en el coloquio "Inversiones para el desarrollo de la pequeña y mediana empresa" en el que se analizó el desarrollo de la pequeña y mediana y las oportunidades que Latinoamérica presenta para los mercados de la Unión Europea.

A la cumbre también asistieron varias personalidades del sector empresarial peruano, entre los que estuvieron los ex presidentes de CONFIEP Jaime Cáceres y Leopoldo Scheelje, así como el presidente de Asbanc, Oscar Rivera y el presidente de Adex, Juan Varilias, entre otros.
 
La Declaración Empresarial contiene las conclusiones de la IV Cumbre Empresarial Celac-UE. Fue elaborada y aprobada por los dirigentes de los gremios cúpulas de los países participantes como la Confederación de la Producción y del Comercio de Chile-CPC; de Honduras, el Consejo Hondureño de la empresa privada-COHEP; de Argentina, la Unión Industrial Argentina-UIA; la Confiep de Perú así como también las Cámaras de Comercio Europeas-Eurochambres y la Confederación Española de Organizaciones Empresariales-CEOE de España, entre otros.
 
Las conclusiones se detallan en 10 puntos:
 
1- La alianza Unión Europea-América Latina y el Caribe es estratégica y representa un compromiso de colaboración birregional que es necesario mantener y fomentar por parte de los gobiernos, involucrando en todo momento al sector privado que es el motor del desarrollo económico mundial.
 
2- Es vital que los gobiernos tengan presentes los valores de libertad, seguridad jurídica y democracia, - entendiendo que esta última debe ser expresión de la voluntad popular, respetuosa del estado de derecho y de la separación de poderes y con alternancia política en el poder-, cuando toman decisiones de cualquier orden. Para que haya crecimiento económico, debe existir un entorno de inversión transparente y estable, respetando en toda circunstancia el Estado de Derecho. Se debe garantizar el trato justo e igualitario a los inversionistas, no permitiendo desigualdades entre inversiones extranjeras y nacionales.

3- El desarrollo de las economías de los países debe realizarse con respeto por el medio ambiente, por lo que debe mantenerse siempre un equilibrio entre crecimiento económico y protección medioambiental.
 
4- Abogamos por el establecimiento de un marco normativo que permita fomentar la creación y posterior desarrollo de pequeñas y medianas empresas sostenibles, así como la adopción de políticas públicas que sean específicas y adaptadas a las necesidades concretas de las pymes.
5- Los principales retos que tienen los países en este sentido, se centran en la eliminación de las diferencias existentes en la productividad, los niveles de internacionalización y encadenamientos productivos.
 
6- Para superarlos, proponemos incorporar la innovación tecnológica en áreas con proyección de crecimiento, establecer programas integrados de desarrollo que permitan crear redes en línea y plataformas de conocimiento, acceso a la información, intercambio de experiencias y modelos, y formación de trabajadores, generando oportunidades recíprocas de comercio e inversión y superando las asimetrías regulatorias.

7- La adecuada protección de la propiedad intelectual constituye un eje esencial para garantizar la innovación y la transferencia de tecnología que son vitales para el desarrollo de una economía sostenible.
 
8- La inversión en talento humano constituye un factor fundamental para garantizar el desarrollo económico inclusivo de los países a largo plazo, y es una herramienta fundamental para la igualdad de oportunidades y la superación de la pobreza.

Para la consecución de este objetivo, es necesario diseñar una estrategia formativa congruente con los requerimientos de la sociedad, y en cuya definición participen de manera activa las organizaciones empresariales, tanto para favorecer la inserción de los jóvenes al mercado laboral, como para asegurar la formación continua de profesionales, adaptándose a las necesidades del mercado. Asimismo, es necesario focalizar la formación académica más intensamente hacia las ramas de ciencias, ingenierías y técnicas.
 
9- Debemos apoyar la apertura equilibrada de mercados como la mejor vía para impulsar el comercio y las inversiones, y rechazamos medidas de naturaleza proteccionista de todo tipo. Por ello, abogamos por la reactivación de las negociaciones de la Ronda de Doha y por la conclusión en primera instancia del acuerdo de facilitación del comercio, así como por las negociaciones de un Acuerdo de Libre Comercio UE- Mercosur que permitirían intensificar y dinamizar las relaciones económicas entre la Unión Europea y esta región.

10- La salida de la crisis, que en mayor o menor medida, afecta a las dos regiones, plantea un protagonismo del sector privado empresarial como actor garante de un desarrollo eficaz y de un crecimiento inclusivo. Ello exige la puesta en marcha de políticas y medidas antes mencionadas, que apoyen al sector empresarial en general y a las pymes en particular.

Ante este desafío, los sectores empresariales de la UE y ALC, en lugar de competidores, se convierten en aliados, colaboradores necesarios en un proyecto común, cual es el de generar riqueza y empleo, y fomentar un desarrollo sostenible que sea eficaz en la lucha contra la pobreza y las desigualdades.