La Comisión de Defensa de Consumidor del Congreso aprobó un dictamen que plantea bajar los precios de las pensiones de colegios privados durante la emergencia sanitaria.
Este proyecto regularía la prestación del servicio educativo que se da a través de clases virtuales.
Con esto se busca prohibir que los centros educativos equiparen el costo de la modalidad no presencial con el costo de la modalidad presencial.
Los colegios no podrían incluir los siguientes conceptos al calcular la pensión por clases virtuales:
- Depreciación de bienes muebles e inmuebles
- Servicios básicos de internet, agua, luz y telefonía.
- Gastos en materiales para uso de docentes.
- Transporte escolar, actividades extracurriculares, talleres, alimentación y afines.
- Seguridad y vigilancia.
- Franquicias, licencias y convenios que se celebran entre entidades vinculadas.
- Mantenimiento de los inmuebles, equipamiento e infraestructura
- Publicidad y merchandising
- Seguros de los bienes muebles e inmuebles
- Alquiler de inmuebles
- Cualquier otro servicio que no tenga incidencia directa con la educación no presencial.
El documento indica que los colegios también deberán garantizar una cantidad de horas mínimas de clases no presenciales y deberán tener como máximo 30 alumnos en cada clase.
Además, deberán poner a disposición de los padres de familia la real situación financiera de la institución educativa, la estructura de costos, pagos de planilla, gastos e inversiones en materia educativa, entre otros.
El proyecto aún está a la espera de ser debatido en pleno del Parlamento para ser aprobado o rechazado.
- Costos de beneficios económicos y financieros otorgados a las familias.
- Costos de servicios que se duplican o se simulan.
- Costos por concepto de retiro de alumnos.
- Costos relacionados a la morosidad y provisión de incobrables o creación de reserva para el incumplimiento de pagos de pensiones futuras.
- El pago por incremento de personal en la modalidad formativa, docente o administrativa ya sea bajo régimen de dependencia y subordinación o por contrato de servicios profesionales.
- El pago de impuestos prediales y arbitrios.
- Cualquier otro concepto que no se encuentre estrictamente vinculado con la educación no presencial.
