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El presidente del Consejo de Ministros deberá reportar al Congreso los avances y modificaciones al plan de reconstrucción. | Fuente: Andina

Antes de aprobar la ley de Reconstrucción con Cambios (RCC), el Pleno del Congreso realizó una serie de cambios al proyecto que había enviado el ejecutivo atendiendo los reclamos de algunos parlamentarios, que criticaban que el proyecto era centralista y limitaba el accionar de la Contraloría de la República. 

Participación de las regiones. Según el nuevo texto, la autoridad para la reconstrucción deberá coordinar, consultar e informar a los gobiernos regionales y locales sobre el plan de reconstrucción y estos últimos podrán a su vez proponerle proyectos a realizarse en las ciudades afectadas por El Niño. No obstante, dispone también sanciones para las autoridades que faciliten o avalen que las personas siguen viviendo en zonas vulnerables o no mitigables.

El especialista en derecho administrativo, Rolando Salvatierra, comentó que las modificaciones a la norma cerraron algunos vacíos para garantizar la operatividad de las obras para la reconstrucción y destacó que se ha logrado conformar un texto más completo. "Yo creo que es una norma más completa, no creo que sea mejor ni peor sino que, pero sí quiero dejar claro que en el debate las cosas mejoran", consideró.

Reportes a la autoridad. De otro lado, la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) deberá reportar anualmente al congreso el  avance del plan de reconstrucción y la autoridad encargada hará lo propio cada seis meses ante la comisión de presupuesto del Congreso. El parlamento también deberá aprobar si el plazo de tres años de la autoridad se amplía un año más. 

El Congreso, además, podrá exigir que se le rinda cuentas ante el Pleno y deberá autorizar cualquier modificación al plan. Posteriormente estas deberán ser aprobadas mediante decretos supremos.

Restricciones. La autógrafa también indica que la Contraloría actuará no solo durante las contrataciones, sino también que ejerza un control posterior y obliga a que todos los contratos tengan una cláusula anticorrupción. Asimismo, no podrán concursar por los proyectos del plan las empresas involucradas en casos de corrupción u otras infracciones que invaliden la contratación con el Estado.

"En cuanto a la contratación pública se está estableciendo un régimen simplificado, que es el de adjudicación simplificada", indicó Salvatierra. "Esta adjudicación tiene una invitación pública a postores, no es a dedo, es transparente", agregó.