La entrega de canastas para las familias más vulnerables, en medio de la pandemia, todavía no llega a su fin, pero ya hay reportes que evidencian la falta de transparencia en el proceso.

Según la Defensoría del Pueblo, cerca del 70% de municipios no publicaron el padrón de beneficiarios. Es decir, 7 de cada 10 municipalidades del Perú no difundieron la lista de personas que recibieron este beneficio.

Ydalid Rojas, jefa del Programa de Ética Pública y Prevención de la Corrupción de la Defensoría del Pueblo reveló a RPP Noticias que solo el 33% de gobiernos locales publicó el padrón.

¿Qué otras cifras encontraron?

Rojas comentó que luego de revisar los portales de información de las 1,874 municipalidades que recibieron el dinero para la adquisición y distribución de canastas de víveres, "solo el 24% de municipios publicó los criterios para identificar a los beneficiarios, 17% difundió un canal para reportar irregularidades, mientras el 33% no publicó la lista de productos que contenían las canatas y otro 37% no difundió los precios unitarios de cada producto".

Eso no es todo. El reporte de la Defensoría del Pueblo revela que en el 18% de municipalidades, el costo de las canastas superó lo establecido por la PCM, que indicaba un promedio de S/100.

"El costo de las canastas en estas municipalidades oscila entre S/100 y S/200", indica Rojas.

A nivel regional, Amazonas Loreto y Moquegua registran los índices más bajos de apertura de información para promover la participación de la ciudadanía. Es decir, en estos puntos del país hubo menos disposición de brindar información.

¿Cuál fue el problema?

Que los lineamientos de la PCM no establecieron la obligatoriedad de la transparencia e información y eso no ha facilitado que la ciudadanía tenga un rol activo de vigilancia. 

"Hubiera sido diferente haber colocado el carácter obligatorio y además establecer las sanciones en caso las autoridades incumplan las normativas", reflexiona Ydalid Rojas

Además, la Defensoría advirtió que los lineamientos no estaban enfocados a que los ciudadanos conozcan el detalle del proceso de repartición de canastas.

"No se tomaron en cuenta la publicación a tiempo del padrón de beneficiarios que hubiera ayudado a las personas a saber si les correspondía una canasta. Había personas esperando su canasta, sin tener un canal de ayuda de la municipalidad de su distrito".

¿Qué sanciones aplican?

Existe responsabilidad en los municipios porque debieron ejecutar todo el presupuesto entregado por el Ejecutivo, ya sea en el ámbito penal o administrativo, señala Rojas.

Recordemos que la Contraloría detectó 4,212 funcionario públicos que recibieron las canastas, pese a no pertenecer a la población vulnerable que las necesita. Esa información será enviada al Ministerio Público.

Sin embargo, hay otro proceso que seguirá la Contraloría: Controles posteriores.

Ydalid Rojas comentó que en el marco legal se establecen sanciones si se confirma que las autoridades municipales incurrieron en el delito de peculado doloso.

"La sanción incluso establece inhabilitación perpetua para ejercer el cargo público. Ahora, la pena puede consistir entre 4 y 8 años, además la inhabilitación, pero, en caso se cumpla con el agravante de que el dinero estaba destinado a una medida asistencial, como las canastas, entonces la pena oscilará entre 8 y 12 años más la inhabilitación".

 Rojas aseveró que de haber este tipo de casos, "hay que asegurarnos de que se investigue con celeridad" porque "el proceso demora en promedio 6 años a 8 años".

Es decir, si una autoridad municipal cometió el delito, podría ser condenado finalmente en el 2028.