Doe Run: Una historia de contaminación y acuerdos incumplidos

La junta de acreedores de Doe Run decidió la liquidación en marcha para esta empresa, decisión que se toma luego de casi tres años de paralización en las operaciones del Complejo Metalúrgico de La Oroya, pues en agosto del 2009 la empresa se declara en insolvencia y entra en reestructuración en Indecopi.

¿Cuáles fueron los motivos que llevaron a que La Oroya esté en la situación en la que se encuentra en estos momentos? La historia comienza en 1997, año en que Doe Run gana el concurso de privatización de la empresa estatal Metaloroya, parte de Centromin Perú, con un pago de US$121.5 millones por sus acciones.

Uno de los compromisos que asume Doe Run con la adquisición del Complejo de La Oroya es el cumplimiento del Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) que presentó Centromin. Sin embargo la empresa pide al Estado la ampliación de los plazos para el cumplimiento de este programa los cuales se dieron el 2006 y 2009.

Doe Run asegura que ha cumplido con creces sus obligaciones ambientales, pues el PAMA de Centromín contemplaba inversiones por US$107 millones en manejo ambiental y que ellos han invertido US$313 millones en 15 años. Sin embargo, el Ministerio de Energía y Minas (MEM) no acepta esta posición principalmente porque la Fundición -si se pusiera hoy en marcha – volvería a contaminar el aire de La Oroya.

Por lo tanto, lo que el Estado considera que es una deuda que le tiene Doe Run, se convirtió en una contingencia fuerte de la empresa. Este problema financiero se complicó en el 2009, cuando los bancos BNP Paribás, el Banco de Crédito y el Standart Bank le suspenden a Doe Run Resources un crédito bancario de US$ 75 millones.

Ese mismo año, los acreedores de Doe Run y varias empresas mineras ofrecen avalar un crédito de US$175 millones para que Doe Run reanude sus actividades a cambio de que ponga todas sus acciones como garantía de su cumplimiento del PAMA.

En julio de ese año, el ministerio de Energía y Minas (MEM) advierte que procederá al cierre del complejo de La Oroya si Doe Run no presenta una propuesta viable para salir de la crisis financiera que atraviesa y un mes después la empresa se declara en insolvencia y entra en reestructuración.

En paralelo, los trabajadores acuerdan suspender sus labores por un periodo de 90 días y recibir sólo el 63% de su sueldo con el objetivo de presionar al Gobierno para que amplíe por 30 meses el plazo dado a la empresa para ejecutar el PAMA. En respuesta, el Congreso prorroga por 30 meses el plazo para que Doe Run culmine su PAMA, que vencía en octubre de ese año.

La situación se hace más tensa en el 2010, donde el MEM retiene US$ 14 millones que Doe Run había comprometido a través de una carta-fianza bancaria, hasta garantizar que la empresa cumpla con su plan ambiental y la SNMPE acuerda expulsarlo del gremio a por no encontrar en ésta voluntad para solucionar sus problemas y cumplir sus compromisos.

Sin embargo Doe Run presenta un nuevo plan de cuatro puntos en el que solicita al Gobierno que modifique el contrato de privatización de la fundición de La Oroya del año 1997, para "blindarse" ante cualquier denuncia sobre responsabilidad ambiental.

Por ello, el Gobierno peruano acusa a la empresa de poner en riesgo, con una nueva propuesta, el reinicio de las operaciones en el complejo metalúrgico de La Oroya y el MEM informa el vencimiento del plazo para que Doe Run reanude sus operaciones en el complejo de La Oroya y presente los documentos que acreditan el financiamiento del plan ambiental en dicha localidad.

Durante el 2011, Indecopi trabajó para reconocer las deudas de Doe Run y convocar a la junta de acreedores, quienes en enero del 2012 decidieron que la empresa continúe administrando el Complejo de La Oroya bajo la condición de presentar un plan de reestructuración que sea viable tanto en temas ambientales como financieros.

Así, llegaron las reuniones de esta semana, en medio de críticas por parte del ministro de Energía y Minas, Jorge Merino, y que finalmente llevaron a que se entre en un proceso de liquidación en marcha, donde Doe Run aún tiene una ligera esperanza, pues si presenta un plan que convenza a los acreedores en los próximos 30 días podría volver a administrar La Oroya.