En los tres primeros mese de gobierno de PPK se han creado cerca de tres normas por hora.
En los tres primeros mese de gobierno de PPK se han creado cerca de tres normas por hora. | Fuente: Composición | Fotógrafo: RPP

En lo que va del año, el gobierno ha creado 21,011 normas legales que han aumentado la estructura burocrática del país, según contabilizó la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) que alertó que muchas de estas normas carecerían de un análisis técnico que determine el costo-beneficio de su implementación.

Estándares. Por ejemplo, la SNI comentó que en los tres primeros meses del gobierno de Pedro Pablo Kuzcynski se han emitido casi seis mil normas. “El 94% de los proyectos legislativos presentados durante dicho trimestre no cumplió con los estándares mínimos que requieren para su publicación. Esta situación debe ser revertida, ya que reporte del Foro Económico Mundial muestra que los países con mayor carga burocrática son aquellos que, en promedio, presentan menor competitividad y menor ingreso per cápita”, consideró el gremio.

Competitividad. La SNI recordó que el Perú se ubicó entre los cinco países con mayor carga tributaria del mundo, según el reporte de Competitividad 2016-2017 del Foro Económico Mundial y precisó que en los últimos quince años se han creado 300 mil nuevas normas legales.

Nueva ley. Asimismo, la SNI saludó la publicación de la “Ley de Prevención y Eliminación de Barreras Burocráticas”, y consideró que puede contribuir significativamente con la simplificación regulatoria y competitividad del Per ya que permite que el Indecopi disponga la inaplicación general de una barrera burocrática identificada como ilegal, de forma que esta exigencia, requisito, limitación, prohibición o cobro ya no sea exigido a ningún agente económico.

Detalle. El gremio manufacturero comentó que para complementar esta disposición sería necesario establecer un ordenamiento legislativo que derogue las leyes que no tienen impacto positivo en la sociedad y; asimismo, la exigencia de estándares mínimos de análisis costo-beneficio a todo proyecto del Poder Legislativo; y de análisis de impacto regulatorio (RIA) a todo proyecto regulatorio relevante del Poder Ejecutivo.