Así lo denunció el Ministro de la producción, José Urquizo, quien detalló que en la actualidad existen una 12 medidas cautelares vigentes, algunas de las cuales transgreden la normatividad.
El ministro de la Producción, José Urquizo, denunció que desde el año 2006 existen un total de 213 procesos judiciales presentados por personas naturales y empresarios, con el objetivo de obtener permisos de pesca, transgrediendo la normatividad vigente y, de esta manera, depredar nuestros recursos hidrobiológicos.
Detalló de ese total se otorgaron 55 medidas cautelares irregulares, sin embargo gracias a la acción de la Procuraduría Pública del Ministerio de la Producción se logró la cancelación de 43.
“Actualmente se encuentran vigentes 12 medidas cautelares que otorgan derechos administrativos de pesca y los cuales se encuentran ubicados en las regiones de Lima, La Libertad, Ica y Lambayeque”, refirió.
Informó que 9 de los 12 casos de medidas cautelares vigentes, están siendo investigados por haber indicios de que los jueces actuaron irregularmente.
El titular del Sector sostuvo que se ha quejado a 18 magistrados ante los órganos de control del Poder Judicial debido a estos sucesos.
Conviene indicar que los referidos jueces pertenecen a los juzgados del Callao, Piura, Santa (Ancash), Sechura, Talara, Pisco, Lima y Trujillo.
Urquizo mencionó que es necesario que la Oficina de Control de la Magistratura proseguir con sus de control, porque estas medidas cautelares irregulares son una amenaza contra los recursos hidrobiológicos.
“Es una prioridad garantizar la continuidad del ordenamiento pesquero del país y cautelar que el sector no sea vulnerado por malos magistrados”, indicó.
Por su parte, el jefe de la OCMA expresó que los jueces de la República están obligados a cumplir las leyes y proteger a los recursos hidrobiológicos.
En ese sentido, señaló que su entidad ha iniciado desde el año 2011 una serie de acciones para restringir las medidas cautelares en el sector pesquero.
“Existe la obligatoriedad que los jueces notifiquen al Ministerio de la Producción de cualquier acción judicial que tenga que ver con la flota pesquera, y la OCMA tiene los recursos tecnológicos para ello. Estamos realizando investigaciones. Exhortamos a los jueces que cumplan con la
legislación vigente”, dijo.
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