Iniciativa legislativa presentada por la Contraloría General de la República permitirá prevenir y detectar casos de enriquecimiento ilícito o lavado de activos.
El Congreso de la República aprobó el nuevo marco legal de Declaraciones Juradas de Ingresos, Bienes y Rentas que obliga a los funcionarios y servidores públicos a presentar esta información para evaluar su evolución patrimonial y financiera.
La iniciativa legislativa presentada por la Contraloría General de la República permitirá prevenir y detectar casos de enriquecimiento ilícito o lavado de activos.
Esta normativa amplía el espectro de funcionarios y servidores públicos que deberán presentar de manera obligatoria la Declaración Jurada de Ingresos.
De esta manera, no solo estarán obligados los altos funcionarios o titulares de entidades públicas o aquellos que administran y manejan fondos del Estado, sino también quienes disponen de bienes y participan en toma de decisiones en torno al uso de patrimonio del país.
Así, todos los alcaldes y regidores deberán presentar su Declaración Jurada y no solo las municipalidades que administran recursos económicos mayores a las 2.000 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), como era anteriormente.
También se ha incorporado en esta obligación a los miembros del Consejo Regional y a los Parlamentarios Andinos, de tal manera que todas las autoridades elegidas por voto popular tendrán la obligación de declarar sobre sus ingresos, bienes y rentas.
La Declaración Jurada debe especificar los ingresos, rentas, bienes, ahorros, inversiones, acreencias y pasivos propios del funcionario o servidor público.
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