Gobierno limita tercerización en las empresas privadas, pero promueve esta modalidad en el Estado

A fines de febrero, el Gobierno de Pedro Castillo, a través del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), emitió un Decreto Supremo para restringir la tercerización laboral en el sector privado, con el objetivo de evitar la precarización del empleo formal a nivel nacional.

A siete meses de la normativa, el Ejecutivo se contradice rotundamente al fomentar esta modalidad de contratación al interior de las entidades públicas. Resulta que en el proyecto de ley de presupuesto público del año 2023, enviado al Congreso, se plantea nuevamente extender la suspensión de la Ley 31298 que prohíbe contratar locadores de servicios en el Estado.

Según la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir), la contratación de locadores de servicios promueve la informalidad laboral dentro del Estado, pues el personal contratado trabaja de forma subordinada en una entidad pública y no está registrado en planilla bajo algún régimen laboral; es decir, no accede a beneficios laborales como vacaciones, aguinaldos, pensiones, entre otros.

“Estas personas al servicio del Estado en condición de informalidad laboral suelen estar contratadas indebidamente bajo la modalidad de locación de servicios, regulada por el artículo 1764 del Código Civil y sus normas complementarias”, se lee en el informe ‘Reto de la formalidad del sector público peruano’ publicado en 2017.

Más de 200 mil locadores en el Estado 

A pesar de que los locadores de servicios son considerados como independientes, en el campo realizan actividades subordinadas al igual que los trabajadores que están bajo regímenes laborales formales.

De acuerdo con un informe de Servir, al cierre del año 2020 en el Estado había cerca de 206 217 locadores de servicios distribuidos en los gobiernos locales (26 %), seguida del Gobierno central (13 %) y los gobiernos regionales (6 %)

Aunque resulte contradictorio, la administración de Castillo Terrones es la que más presupuesto concentra para este tipo de contrataciones, con más de S/ 3 000 millones asignados para este 2022, de esa cifra solo se ha ejecutado el 58%, según cifras recabadas por el diario Gestión.

Con el proyecto de ley de presupuesto público del año 2023, todas las entidades estatales estarían autorizadas para seguir contratando empleadores sin beneficios laborales durante todo el próximo año.

Actualmente, el Poder Judicial (PJ) se encuentra resolviendo medidas cautelares para la inaplicación de la norma en el sector privado; mientras que el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) ha declarado el Decreto Supremo como una barrera burocrática en primera instancia.

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