Durante una conferencia, el premier Eduardo Arana afirmó que el gasto público será austero. Ello con respecto a la redistribución del IGV: el gobierno central recibirá 14 % y las municipalidades 4 %, con condiciones de uso eficiente y obras alineadas al plan nacional.
Durante la conferencia de prensa desde la Presidencia del Consejo de Ministros, el premier Eduardo Arana se refirió a la redistribución del Impuesto General a las Ventas (IGV), asegurando que "vamos a ser sumamente cautos con el gasto público".
En esta línea, la propuesta del ministro de Economía es que, de ser necesario recurrir al mecanismo del crédito suplementario, este será "muy austero".
El jefe del gabinete también hizo hincapié en la necesidad de incrementar la recaudación. Reconoció que los niveles de recaudación en el primer trimestre del año "no han sido los deseados", pero expresó optimismo en que exista "una mejor recaudación" en el segundo trimestre y en los meses posteriores.
El Ejecutivo busca dar la seguridad a la ciudadanía de que se tendrá un gasto público "lo más austero posible".
Se aprueba la redistribución del IGV
Actualmente, del 18 % que se paga de IGV, el 16 % va al gobierno central y solo el 2 % a las municipalidades a través del Fondo de Compensación Municipal (FONCOMUN).
El congresista Ilich López propuso la medida que cambia esta distribución: el IGV que va al gobierno central se reducirá a 14 %, y los 2 puntos porcentuales restantes se sumarán al FONCOMUN, elevándolo a 4 %.
Esto significa que, de S/ 18 pagados, S/ 14 irán al gobierno central y S/ 4 irán a las municipalidades. El objetivo es dar más recursos a los municipios para descentralizar el presupuesto.
Se han establecido restricciones para que las municipalidades puedan acceder a este incremento:
- Deben haber ejecutado adecuadamente el 100% de su presupuesto previo.
- El incremento de fondos debe ser usado específicamente para inversiones (obras), no para gastos como asesorías externas.
- El gasto debe estar alineado con el CEPLAN (Plan de Desarrollo Nacional al 2050), priorizando obras fundamentales como agua o desagüe.
Estas restricciones buscan ser una cautela ante las preocupaciones sobre la capacidad de ejecución municipal y las obras paralizadas, y empujar a la profesionalización de los alcaldes para una mejor gestión.
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