Antonio Peña, jefe de la división de operaciones contra la informalidad del ente recaudador detalló que el fisco dejó de recibir S/.1.200 millones por este delito.
Ayer con apoyo del Ministerio Público la Sunat intervino a un comercializador de facturas falsas. El hecho resulta relevante, según Antonio Peña, jefe de la división de operaciones contra la informalidad del ente recaudador, porque a causa de este delito la Sunat ha dejado de recaudar más de S/. 1,200 millones.
“Todo lo que tenga que ver con métodos fraudulentos, falsos o el mal empleo del uso de facturas de comprobantes de pago estamos en S/.1200 millones, de estos casos S/.500 millones corresponden a actos delictivos que ya han sido comunicados al poder judicial para sus acciones correspondientes, son gente que ha usado indebidamente esto estamos hablando de alrededor de 551 contribuyentes”, detalló.
Quienes compran estos documentos falsificados incurren en un delito, pues pagan menos impuesto, al poder utilizar un mayor monto de crédito fiscal gracias a facturas de compras de bienes o servicios nunca adquiridos.
Para obstaculizar el uso de facturas falsas, Peña indicó que la Sunat emplea mecanismos electrónicos, como facturas, recibos por honorarios y comprobantes para Mypes digitales que permitan no solo facilitar el pago de impuestos sino también controlar de manera oportuna este tipo de operaciones fraudulentas.
“También se están implementando acciones de fiscalización y verificaciones a aquellos sujetos que hay riesgo de que sean comercializadores o sean sujetos que brinden crédito fiscal irregular, por ejemplo, hay contribuyentes que se crean una falsa empresa con un sujeto de 19 años que no tiene propiedades, no tiene movimientos ni cuentas, no tiene nada, este es un perfil de riesgos que esta comercializando facturas”, explicó.
Sin embargo, pese a la labor de fiscalización y seguridad que ha emprendido el ente recaudador contra los comercializadores y empresas que hacen uso de estas facturas ilegales, los casos identificados y denunciados por la fiscalía pueden demorar entre 2 y 4 años en el Poder Judicial.
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