Por su parte, el vicepresidente de Asuntos Ambientales de Doe Run Perú, José Mogrovejo, señaló que se busca tener un plan viable que permita reiniciar las operaciones de la empresa.
El presidente del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y la Propiedad Intelectual (Indecopi), Hebert Tassano, dijo esperar que se “tome un buen acuerdo” durante la Junta de Acreedores de Doe Run Perú, que se reunirá hoy para ver si aprueba o no el plan de reestructuración de la empresa para volver a operar el complejo metalúgico de La Oroya.
“Es un tema que se encuentra en manos de la Junta de Acreedores, el Indecopi solo administra el procedimiento y son los acreedores, Doe Run, el Ministerio (de Energía y Minas) y las propias empresas involucradas las que toman la decisión el día de hoy , esperemos que se llegue a un buen acuerdo”, señaló en declaraciones a RPP TV.
Detalló que como presidente del Indecopi no es su función revisar los documentos sobre el proceso de reestructuración o liquidación de Doe Run, pues esto le corresponde a la comisión y a la Junta de Acreedores. Tassano indicó que solo conoce que “el procedimiento está caminando bien y la Junta debería tomar una decisión”.
Por su parte, el vicepresidente de Asuntos Ambientales de Doe Run, José Mogrovejo, señaló que se están recogiendo las observaciones de los acreedores y del Ministerio de Energía y Minas al plan de reestructruración presentado por la empresa.
"Lo que se quiere es tener un plan viable y que permita reiniciar las operaciones no solo de los 3.500 trabajadores de Doe Run Perú, sino también de la población de La Oroya, que está esperando eso”, señaló.
Precisó que el Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) de la empresa demandaría 30 meses para ser finalizado. “Tendríamos construida la planta en 24 meses y tendríamos 6 meses para el arranque y puesta en marcha de esta operación”, dijo.
Asimismo, sostuvo que en el caso de los acreedores de la empresa “tendríamos cinco años para cubrir todas sus deudas y todos los intereses que correspondan a estas deudas”.
Respecto a un eventual pago de US$ 29.000 millones de indemnización en caso se presente una demanda por afectación a la salud de 1.300 niños en La Oroya, Mogrovejo señaló que “este es un tema en el que podría llegarse a un acuerdo, puede resolverse y evitar que siga creciendo innecesariamente”.
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