La agencia calificadora de riesgo Moody’s se suma a las previsiones más sombrías sobre la economía peruana para este año, ante el temor de que el escándalo de Odebrecht impacte de manera significativa sobre la inversión privada.
En su último reporte, Moody’s recorta su proyección de crecimiento de 4.5% a 3.7% principalmente por la paralización del proyecto del Gasoducto Sur Peruano, de US$7.500 millones, pero teme que las investigaciones a la firma brasileña detengan otros grandes proyectos de inversión.
“A medida que avanzan las investigaciones, el contagio podría extenderse afectando a otros grandes proyectos de inversión pública. Teniendo en cuenta esto y basándonos en nuestra mejor estimación de lo severo que podría ser esto, hemos decidido bajar la proyección de crecimiento de 2017 a 3.7% de nuestra estimación anterior de 4.5%, debido al potencial total combinado (directo + contagio)”, explica la agencia.
Moody’s estima que solo la paralización del Gasoducto le restará al crecimiento del PBI cinco puntos básicos, dada las dimensiones del proyecto, que ya contaba con un 37% de avance y una ejecución estimada de US$1.600 millones.
Sin embargo, la agencia calificadora de riesgo menciona que su nuevo estimado de crecimiento de 3.7% tiene un sesgo al alza, debido a que perciben un entorno externo más favorables, sobre todo por el repunte del precio de los metales.
“Las condiciones externas parecen estar mejorando, lo que favorecería mejores términos de intercambio, mientras que los principales indicadores de la actividad económica en Perú sugieren que la demanda interna podría fortalecer en los próximos meses”, sustenta.
De otro lado, Moody’s no cree que la desaceleración del crecimiento económico afecte sustancialmente los esfuerzos de consolidación fiscal de las autoridades que apuntan a un déficit del 2.5% del PBI para 2017.
“El efecto de un crecimiento más lento en los ingresos fiscales debería ser parcialmente compensado por la multa de $ 262 millones. Además, dado que el proyecto Gasoducto se ha detenido, los gastos del gobierno vinculados al Gasoducto ya no se incurrirán, y los retrasos en otros proyectos de infraestructura pública también podrían reducir los desembolsos fiscales”, anota.
