Debido al impacto económico las empresas abordan los crecientes riesgos asociados con obtener el consentimiento de la comunidad y mantener una licencia social.
Los proyectos mineros pueden perder 20 millones de dólares cada semana debido a demoras por conflictos sociales, reveló Oxfam América.
El último informe de la organización internacional de ayuda social señala que el Consentimiento Libre Previo e Informado (CLPI) está considerado como un estándar de oro y ha surgido como un principio de “prácticas óptimas” para el desarrollo sostenible, empleado para reducir el conflicto y realzar la legitimidad del proyecto.
"Debido al impacto económico de tales conflictos ahora las empresas se están dando cuenta que deben de abordar los crecientes riesgos asociados con obtener el consentimiento de la comunidad y mantener una licencia social", dijo Emily Greenspan, asesora de políticas de la Oxfam América.
De otro lado, el estudio resalta que de las 28 empresas petroleras y mineras analizadas, 23 se comprometen de manera pública a respetar específicamente los derechos de los pueblos indígenas. Aunque no son específicas respecto al tema del consentimiento de la comunidad.
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