Pobreza en el Perú aumentó y lucha contra la desigualdad se estancó en los dos últimos años

La pobreza en el Perú aumentó y lucha contra la desigualdad se estancó en los dos últimos años, según el estudio de Oxfam “Brechas latentes: índice de avance contra la desigualdad en el Perú 2017-2018”.

La lucha contra la desigualdad en el Perú en muchos rubros críticos, ha retrocedido. 

El Índice de avance contra la desigualdad en el Perú 2017-2018 utiliza la data oficial disponible como base para su análisis y responde al reconocimiento de que la desigualdad es un grave problema que afecta el bienestar y la estabilidad de la sociedad y que amenaza los derechos esenciales de las personas.

Justicia tributaria

Quienes más ganan no son quienes más tributan. Por el contrario, son dichos sectores los que se ven privilegiados por todo tipo de exoneraciones tributarias, mientras los ciudadanos se ven recargados de impuestos. En el 2016, los impuestos directos, como el impuesto a la renta,representaban el 38.1% del total recaudado mientras que en 2018 esa cifra se redujo a 37.6%. Es decir, el grueso de la recaudación proviene de impuestos indirectos como el impuesto general a las ventas y el impuesto selectivo al consumo (IGV e ISC), los cuales impactan a usuarios y consumidores.

Algo muy distinto ocurre en los países de la OCDE, donde el Impuesto a la Renta promedio representa el 11.6% del PBI, mientras que en Perú representa menos de la mitad (5.2% del PBI en el 2017), evidenciando lo regresivo que es nuestro sistema tributario. Y es que los países de la OCDEcuentan con sistemas tributarios dinámicos y sólidos que aseguran que los que más ganan sean quienes más paguen.

Inversión en las personas

Aproximadamente 400 mil peruanos y peruanas cayeron en situación de pobreza en 2017, marcando así el rebrote de la pobreza monetaria en nuestro país, luego de más de una década y media de descenso sostenido. Así, la pobreza creció de 20.7% en 2016 a 21.7% en 2017, evidenciando el fracaso de las políticas sociales durante el periodo de estudio.

El gasto en programas sociales disminuyó. En el 2016 se destinaba un 2,8% del PBI a la protección y previsión social, mientras que en 2018 se redujo a 2.7%. En lo referente a educación, actualmente se invierte un equivalente al 4.3% del PBI, lo cual nos ubica aún lejos de la meta mínima del 6% del PBI establecida en el Acuerdo Nacional. Por otra parte, la anemia infantil aumentó de 43.6% en el 2016 a 46,6% en el primer trimestre del 2018, afectando a casi la mitad de los niños menores de tres años.

“Nuestro país sigue estando muy lejos de los estándares de los países desarrollados en protección y previsión social. Nuestros niveles de gasto en salud y en educación como porcentaje del PBI están por debajo no solo del promedio de los países de la OCDE, sino que incluso están por debajo del promedio latinoamericano”, indicó Armando Mendoza, investigador de Oxfam en Perú y autor del estudio.

Empleo digno

Durante el 2017 y 2018 la informalidad creció de la mano de la desaceleración de la economía y las inadecuadas políticas laborales. En 2016 el 28% de la PEA contaba con empleo formal, mientras que en 2018 se redujo a 27% de la PEA.

Asimismo, aunque el salario mínimo vital ha tenido un incremento moderado en el período de estudio, lo cierto es que en la actualidad escasamente cubre el 50% del valor de la canasta básica familiar. Esto tiene que ver con el hecho de que su valor real equivale a menos de la mitad de lo que equivalía el salario mínimo hace cuatro décadas.

Pero la desigualdad en el campo laboral no solo se refleja en remuneraciones insuficientes. Así, según cifras de la ONG PLADES, en el Perú apenas uno de cada cuatro trabajadores es formal y solo uno de cada dos tiene un empleo adecuado. En lo referente a la jornada de trabajo, uno de tres trabajadores labora más de 48 horas semanales y uno de cada cinco lo hace más de 60 horas semanales. Asimismo, se estima que más de 3 millones de personas laboran sin contrato formal de trabajo.

Derechos económicos de las mujeres

El ingreso laboral promedio de una mujer es un tercio menos que el de un hombre. En el 2016 el sueldo de una mujer equivalía al 68.3% de la remuneración masculina. Esta cifra disminuyó a 66% en 2018, ampliándose así la brecha remunerativa entre hombres y mujeres.

Asimismo, a diferencia de un hombre, una mujer tiene menor acceso a una pensión, es más probable que sufra de subempleo, es más vulnerable a la informalidad y tiene menos chances de tener ingresos propios.

Por otra parte, ellas asumen en su mayoría las labores domésticas y del cuidado familiar, lo que constituye una carga de trabajo adicional que normalmente no es reconocida. Se estima que del 24% de las mujeres que trabajan, casi una de cada cuatro laboran en el hogar o para su familia sin recibir remuneración. En el caso de los hombres, menos del 6%, es decir apenas uno de cada dieciocho.

En lo referente a la brecha salarial entre hombres y mujeres, mientras que en el año 2016 la remuneración de una mujer alcanzaba en promedio el 86% de la remuneración de un hombre enlos países de la OCDE, en el caso del Perú, en ese mismo año, la brecha salarial era casi el doble, unamujer percibía apenas el 68% de la remuneración de un hombre, y en los años subsiguientes empeoró.

Gobernanza sociambiental y de los recursos naturales

El balance para el periodo 2017-2018 en lo referente a las políticas ambientales y de los recursos naturales es desalentador y marca un significativo retroceso. Se impulsó al interior del Estado una drástica flexibilización y debilitamiento de la institucionalidad ambiental, recortándose las capacidades reguladoras y sancionadoras de los entes rectores.Esto se manifestó en una serie de marchas y contramarchas en temas críticos, como la formalización minera, el manejo de las cuotas de pesca industrial, o la declaración de zonas protegidas.

Una expresión del retroceso en las políticas públicas es la persistencia de los conflictos socioambientales que enfrentan a empresas, Estado ypoblación alrededor de los proyectos de las industrias extractivas.Un número considerable de los conflictos socioambientales sigue sin ser atendido debidamente para su solución. Así, el porcentaje de conflictos socioambientales en situación de diálogo manejado por el Estado disminuyó de 51% en 2016 a 46% en 2018.

Por otra parte, la insuficiencia de políticas de regulación ambiental se refleja en el crecimiento continuo de las emisiones de gases contaminantes como el dióxido de carbono, que en 2016 era de 206 millones de toneladas de C02eqy en 2018 de 219 millones de toneladas de CO2 eq. Se trata de un camino contrario al que deberíamos seguir si se tiene en cuenta nuestra adherencia al Acuerdo de París sobre cambio climático y lo planteado en nuestras Contribuciones Nacionalmente Determinadas.