El Defensor del Pueblo calificó de "muy positivo" que se haya aprobado. Pero para abogado experto en competencia la norma acarrea riesgos.
El Congreso aprobó por unanimidad castigar con presión efectiva de hasta seis años la especulación de precios, el acaparamiento y la adulteración de productos de primera necesidad en situaciones de emergencia. Pero para el presidente Pedro Pablo Kuczynski existen métodos más efectivos para frenar este tipo de comportamiento.
“La mejor forma de parar que se disparen los precios es enviar víveres, comida, de que haya oferta, los acaparadores prosperan cuando no hay oferta, por eso pusimos un puente aéreo, hemos puesto el back Tacna que hace un recorrido a Paita, ya ha ido varias veces”, dijo en RPP Noticias.
Por el contrario, el defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, coautor del proyecto, sostuvo que es una señal muy positiva que el Congreso haya aprobado una norma que busca proteger a los ciudadanos en situaciones de emergencia.
Justificación de la norma. “En situaciones en que determinadas personas inescrupulosas elevan el precio de manera irrazonable o cuando acaparan con el propósito de comercializar, generando escases y luego con un amplio margen, bueno este tipo de conductas tiene que ser proscritas como se hace en otros países y no generan para nada ninguna limitación a la iniciativa privada”, consideró Gutiérrez.
La norma, que ha sido exonerada de segunda votación por el Congreso, encarga al Ejecutivo a elaborar una lista con los alimentos considerados de primera necesidad y a establecer los precios “habituales” para determinar si hay especulación. Pero para el abogado del estudio Miranda & Amado, Christian Chávez esas definiciones son subjetivas.
Riesgos de la norma. “Las personas que caigan en esos supuestos van a ser sancionados con pena de cárcel la que es probablemente las sanciones más altas que existen en nuestro ordenamiento y yo creo que caer en definiciones muy subjetivas no es bueno para una tipología de tipo penal”, comentó el abogado experto en competencia.
El presidente Kuczynski tiene 15 días para observar o promulgar la ley aprobada por el Congreso, pero para Chávez, de todas formas, la norma sería inconstitucional dado que en una economía de mercado, como manda la constitución, no está permitido el control de precios.
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