Publican medida para agilizar resolución de casos tributarios

El gobierno publicó hoy el Decreto de Urgencia 032-2011 creando una oficina dentro del Tribunal Fiscal para la resolución de quejas. Así, de manera transitoria y extraordinaria, las quejas contra las administraciones tributarias (Sunat y oficinas de rentas municipales) podrán ser resueltas incluso por un solo vocal y ya no será necesario que la resolución sea vista por una sala.

El Tribunal Fiscal, máximo órgano para resolver controversias en temas de impuestos, tiene una carga pendiente de 23.882 expedientes, de acuerdo a las estadísticas de la entidad hasta mayo. Estos son 7.000 casos menos de los que había a junio del 2010, sin embargo la carga sigue siendo alta para las siete salas que conforman el tribunal especializado.

Según el decreto de urgencia, el hecho de que las quejas deban resolverse en un plazo máximo de 20 días genera que las salas posterguen la atención de los expedientes de apelación, los cuales tratan materias de fondo.

En el 2009, se crearon dos salas adicionales a las cinco que tenía el este organismo. Sin embargo el ingreso de casos se ha mantenido por encima de los mil expedientes al mes. En el 2008, las quejas representaron aproximadamente el 25 por ciento del total de expedientes ingresados al Tribunal Fiscal, sin embargo si se considera solo los casos de administraciones tributarias municipales, las quejas fueron más de un tercio.

En los últimos doce meses, los cinco municipios más quejados, Lima, Trujillo, La Victoria, Lince y Santiago de Surco, aportaron una carga de más de 1.500 expedientes. Estas quejas, se presentan contra decisiones de las administraciones tributarias y no tratan sobre temas de fondo sino de forma.

Según el especialista en tributación Gustavo López Ameri, socio de Deloitte Perú, "la medida publicada hoy es muy buena porque va a permitir al Tribunal Fiscal agilizar el ritmo de resolución de los casos y atender algunos de gran importancia que están pendientes hace varios años".

Actualmente, debido a la carga procesal, un expediente en el Tribunal Fiscal puede demorar entre cinco y siete años para ser resuelto. López Ameri afirma que la aceleración que permitirá esta medida beneficia tanto al fisco como al contribuyente pues acortará el periodo de incertidumbre sobre el resultado, periodo en el cual además se acumulan los intereses de la deuda.

López Ameri precisó que esta medida no generaría problemas constitucionales, sobre la competencia de la oficina de quejas, puesto que el Tribunal Fiscal es un órgano administrativo dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas, y el gobierno sí puede dar una medida como esta que mejora la administración.

El decretro de urgencia señala que su vigencia será desde el 31 de diciembre de este año.

Elizabeth Cavero