¿Qué propone la nueva Ley de Empleo Juvenil o Ley Pulpín 2.0?

La falta de empleo es uno de los principales problemas que afrontan los peruanos, y golpea con más fuerza a los jóvenes de entre 18 y 29 años.

Según datos del INEI, el desempleo juvenil afecta a 420 mil personas, un 8.4% del total, triplicando el desempleo adulto, mientras que los jóvenes “ninis”, es decir los que ni estudian ni trabajan, suman más de 1 millón 600 mil personas, más del 20%.              

Propuesta. Para enfrentar este oscuro panorama, hace tres meses el gobierno presentó al Congreso el Proyecto de Ley 1104, que busca promover el empleo juvenil.

La principal novedad de esta norma es que el Estado se haría cargo de pagar el aporte a Essalud por tres años de los jóvenes que sean contratados por las empresas. Este pago asciende al 9% del sueldo del trabajador.    

“El Estado lo que pretende con esta ley es tratar de fomentar la empleabilidad de los jóvenes, tratar de que sea atractivo contratar jóvenes, las empresas no suelen contratar jóvenes porque no tienen experiencia, no tienen especialización, no tienen calificación técnica o profesional”, explicó el abogado laboralista Ricardo Herrera.

¿Quiénes pueden participar? Pueden aplicar a este mecanismo los jóvenes de entre 18 a 29 años que se incorporen a su primer empleo, que hayan estado desempleados por seis meses o que estén trabajando en el sector informal.

Como candado se establece que la empresa no podrá reemplazar trabajadores antiguos con nuevos bajo este régimen.            

“No cabe la posibilidad de que yo tenga un trabajador por el cual pago el aporte a Essalud en nómina, sea a plazo indefinido, plazo fijo o part time, ceso y lo reemplazo con un trabajador bajo el marco de esta ley que tiene la exoneración del aporte a Essalud”, indicó Herrera.

Experiencias vecinas. Otros países de la región han implementado programas similares de empleo juvenil. Sin embargo, los resultados no han sido muy auspiciosos. En México tras aplicar este programa la reducción del desempleo solo fue del 0.5 puntos porcentuales, en Colombia fue del 4.6 puntos y en Chile de 2.6 puntos porcentuales.

¿Más de lo mismo? La principal diferencia con la denominada “Ley Pulpín” que se aprobó durante el gobierno de Ollanta Humala, y luego se derogó por las protestas y presión social, es que esta nueva propuesta no implicará el recorte de ningún beneficio laboral como la CTS, vacaciones o gratificaciones.           

“Nosotros no podemos dejar de ayudar a los jóvenes en su trabajo, es una buena oportunidad y es un paso adelante que los proyectos no estén recortando derechos laborales a los jóvenes y que tengan sus vacaciones, su CTS y sus gratificaciones completas, sin ningún recorte”, sostuvo Yonhy Lescano, miembro de la Comisión de Trabajo del Congreso.

Detractores. Pero la propuesta del Ejecutivo también ha recibido críticas. Gremios como la CGTP, la CUT y partidos como el Frente Amplio señalaron que la denominada “Ley Pulpín 2.0” solo beneficiaría a las grandes empresas, no generaría más empleo ni reduciría la informalidad.

Para el laboralista José Gurmendi, la propuesta tampoco contempla capacitación para los jóvenes.

“Si el Estado peruano está haciendo un enorme sacrificio para incluir a trabajadores, de 18 a 29 años, y solamente vas a tener como beneficio el poder laborar en una empresa y no los capacitas, entonces el muchacho de ahora, los millenialls, se van a sentir discriminados”, refirió.

Una estrategia. En opinión del economista César Álvarez, la ley del empleo juvenil es positiva, pero señaló que para que pueda funcionar debe articularse con otras instancias del gobierno.

“Toda medida que impulse el empleo juvenil es importante y es bienvenida a mi modo de ver, pero más allá de eso, todas las propuestas de implementación deben obedecer a una estrategia económica, una cuestión integral, no pueden ser cosas aisladas”, manifestó.

El proyecto de ley de empleo juvenil presentado por el Ejecutivo aún debe ser debatido y aprobado por las comisiones de Economía y de Trabajo del Congreso en los próximos días, para que pueda pasar al Pleno para su eventual aprobación.