Scotiabank: "Flujos financieros del Estado están en riesgo"

Los flujos que obtiene el Estado en base a las cobranzas coactivas estaría en riesgo si la Corte Suprema falla a favor de Telefónica del Perú, aceptando que los ejecutores coactivos deben estar inscritos a nivel nacional; afirmó el abogado de Scotiabank, Domingo Rivarola.

El caso, que ahora está en la máxima instancia del Poder Judicial, comienza en el 2003 cuando los municipios de San Andrés y Subtanjalla, en Ica, imponen una multa a Telefónica del Perú por ocho millones de soles.

Según el abogado de Telefónica del Perú, Juan Luis Avendaño Valdéz, la multa estuvo mal impuesta, por lo que la empresa se negó a pagarla. Los municipios mandaron entonces que se realice una cobranza coactiva embargando las cuentas de la empresa en el Scotiabank

Rivarola explicó en entrevista con RPP Noticias, que Telefónica demandó al banco por ser “infiel custodio de sus fondos”. La empresa de telefonía señala que el ejecutor coactivo debió estar inscrito ante todos los bancos del país y a nivel nacional, para que Scotiabank lo reconociera en sus funciones.

Según Rivarola, esto es inviable pues cada ejecutor, en cada provincia, debería estar inscrito en todas las zonas registrales del país y ante todas las entidades financieras, cuando en realidad lo que se aplica es que solo esté acreditado en la zona en la que tiene autoridad.

El abogado del Scotiabank invocó al juez Vicente Walde Jaúregui, quien tiene el voto dirimente en la sala que conduce en la Corte Suprema, a no sentar un precedente en virtud del cual todos los bancos  se abstendrían de ejecutar embargos.

Por su parte, Avendaño, abogado de Telefónica del Perú, explicó que cuando Scotiabank aceptó la orden de embargo de un ejecutor coactivo indebidamente acreditado, actuó como si permitiera que los fondos de la empresa de telefonía fueran robados.