Sindicatos de trabajadores estatales podrían negociar alza de sueldos

Los trabajadores del sector público, a través de sus sindicatos, podrán realizar negociaciones colectivas para lograr incrementos salariales, según un proyecto de ley aprobado por la Comisión de Trabajo del Congreso.

Antecedentes. El legislador Yonhy Lescano, miembro del grupo de trabajo, explicó que el Parlamento cumplió así con un fallo del Tribunal Constitucional del 2015, que declaraba inconstitucional la prohibición de la negociación colectiva para el alza de remuneraciones en el Estado, que fue impuesta en las leyes de presupuesto a partir del 2013.

"La negociación colectiva la habían cortado en las leyes del Presupuesto, la habían prohibido, para que no se pongan de acuerdo entre el empleador y el trabajador para mejoras remunerativas, y esa era una disposición inconstitucional, porque la negociación colectiva en la Constitución está considerada como un derecho del trabajador", señaló.

El proyecto de ley plantea dos tipos de negociación: la centralizada, que sí somete el acuerdo a una aprobación del presupuesto del Ejecutivo, y la descentralizada, que no tiene vinculación con la ley de presupuesto.

No hay límites. Carlos Cárdenas, socio del área laboral de EY Perú, alertó que la negociación descentralizada no fija límites para que las eventuales alzas salariales no vayan a afectar el presupuesto de un ministerio o un organismo público.

"Si una entidad pública deja de prestar los servicios para los cuales estaba creada por dar incrementos, eso ya sería algo que excede la finalidad de esta norma", manifestó.

Dijo además que los incrementos de sueldos a través de negociaciones colectivas deberían estar justificados por criterios similares a los del sector privado. "Podría ser, por ejemplo, un incremento que esté vinculado a la productividad de los trabajadores, que es algo que ocurre en el sector privado", refirió.

Beneficiados. A la fecha el sector público tiene 424 sindicatos, 32 federaciones y 3 confederaciones, y más de 1 millón 400 mil trabajadores estatales se beneficiarían con este dictamen, que aún debe ser debatido en el pleno del Congreso.