Las recientes facultades otorgadas al Organismo de Fiscalización y Evaluación Ambiental (OEFA) atropellan la Constitución Política, aseveró la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE).
Señaló que el Gobierno, mediante la Ley N° 30321, ha otorgado “poderes extraordinarios con efecto retroactivo", con los cuales el OEFA puede cobrar coactivamente todas las multas impuestas por dicho organismo.
"Así estas multas no tengan fundamento sólido; cuyas ejecuciones se encontraban suspendidas al estar judicializadas, conforme lo disponía la ley vigente. Esto quiebra el Estado de Derecho al no garantizar el respeto por estos principios constitucionales", señaló.
El gremio minero energético indicó que las empresas del sector se someten, de acuerdo a ley, a la supervisión y fiscalización, así como a pagar el costo que ello demande para el Estado; y, en caso corresponda, a ser sancionadas.
"Sin embargo, esperamos que ello se realice siempre respetando la seguridad jurídica y el Estado de Derecho", agregó.
