El diálogo es una herramienta importante dentro de la democracia, pero debe darse sin condicionamientos que atentan contra el rol del estado en defensa del principio de autoridad, afirmó la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE).
Caso Las Bambas
En esa línea, el presidente de la SNMPE, Manuel Fumagalli, expresó su profunda preocupación y rechazo ante recientes posturas que buscan condicionar la continuidad del diálogo en Fuerabamba a la aprobación de una ley de amnistía que deje sin efecto las denuncias contra quienes han participado en actos de violencia.
La seana pasada el Gobierno planteó a las comunidades de la provincia de Cotabambas (Apurímac) que el Ministerio de Justicia recopile información de todas las denuncias vigentes contra comuneros para analizarlas y hacer una tipología a fin de que se pueda invocar al Ministerio Público a que archive aquellas que tengan una menor gravedad o estén en etapas iniciales.
No están de acuerdo
“Nadie está por encima de la Ley, la cual es igual para todos. Establecer normas con nombre propio que buscan dar un trato preferente a quienes la han infringido (la ley), sentaría un precedente de consecuencias nefastas para la gobernabilidad del país, más aún cuando vemos una escalada violentista que busca paralizar las unidades mineras y campos petroleros, en perjuicio de todos los peruanos”, expresó.
Fumagalli agregó que en los últimos meses "hemos sido testigos del continuo sabotaje contra el Oleoducto Norperuano, el bloqueo de la carretera hacia la mina Las Bambas y el hostigamiento y ocupación de diferentes campamentos petroleros, entre ellos los Lotes 95 y 8".
En un comunicado el gremio minero energético señaló que en el Perú no puede imperar la impunidad que socava la gobernabilidad y las instituciones del Estado. En ese sentido, resulta necesario que el Ministerio de Justicia defienda la legalidad y no se avale ningún proceso de amnistía.
