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Gobierno invocará al Ministerio Público que archive denuncias "de menos gravedad" contra comuneros

Gobierno y comunidades retoman el diálogo en Apurímac. | Fuente: Foto: Andina / Video: RPP Noticias

En diálogo con RPP Noticias, el viceministro de Gobernanza Territorial de la PCM informó que el Ministerio de Justicia recopilará información de todas las denuncias vigentes para analizarlas. Este miércoles se realizará en Challhuahuacho una nueva mesa de diálogo.

El Gobierno planteó a las comunidades de la provincia de Cotabambas (Apurímac) que el Ministerio de Justicia recopile información de todas las denuncias vigentes contra comuneros para analizarlas y hacer una tipología a fin de que se pueda invocar al Ministerio Público a que archive aquellas que tengan una menor gravedad o estén en etapas iniciales.

Así lo informó a RPP Noticias Raúl Molina, viceministro de Gobernanza Territorial de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), quien destacó que el informe escrito (amicus curiae) que presentará el Gobierno a la Fiscalía se espera reducir "un poco el tamaño del problema", mas no para lograr la liberación de todos los comuneros denunciados.

"Ese proceso está en curso pero aventuramos que no vamos a llegar a las 500 (denuncias) que las comunidades nos dicen. No quiero decir un número pero ahorita probablemente vamos a estar alrededor de 250. En este momento tenemos registradas casi 200. Una vez que terminen el inventario vamos a hacer la tipificación. Muchas tienen que ver con interrupción de vías públicas y muchas de ellas engloban a grupos grandes de comuneros", precisó.

El viceministro destacó que este miércoles se instalará en Challhuahuacho la mesa de justicia y derechos humanos en el que justamente se abordará el pedido de los dirigentes para lograr la liberación de los comuneros detenidos. Al respecto, el representante del Ejecutivo destacó que en el encuentro van a participar representantes de todas las comunidades que conforman la provincia de Cotabambas, así como el ministro de Justicia y el jefe de la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA), Vicente Walde Jáuregui.

Finalmente, Molina consideró que uno de los factores del conflicto se debe a que la empresa MMG Las Bambas "no ha conducido de una manera suficientemente asertiva" la relación con las comunidades. Asimismo, destacó la necesidad de "un nuevo modelo de relación" con una mirada más estratégica en lugar de "acuerdos puntuales y específicos".

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