París cree que Putin está en su derecho de dar nacionalidad a Depardieu

El Gobierno francés considera que el presidente ruso, Vladímir Putin, está en su derecho de conceder "a quien quiera" la nacionalidad rusa, según la portavoz del Ejecutivo galo, que comentó hoy la atribución del pasaporte de ese país al actor galo Gérard Depardieu.

"Es del poder discrecional de Vladímir Putin ofrecer la nacionalidad rusa a quien quiera", agregó la portavoz, Najat Vallaud-Belkacem, en declaraciones al canal de televisión BFM.

"No hay más comentarios que hacer", dijo la portavoz, quien sin embargo añadió: "Eso me hace pensar que habría estado bien que el señor Putin hubiera tenido un gesto para conceder una gracia a las miembros del grupo Pussy Riot".

"Se están pudriendo en campos de trabajo por haber cantado una canción", señaló la portavoz en relación con las componentes de ese conocido grupo ruso que protagonizó una protesta contra Putin en febrero pasado en un acto en la catedral de Cristo Salvador de Moscú.

Las cinco miembros del grupo punk fueron encarceladas y el proceso judicial que las condenó a prisión fue seguido en todo el mundo, con manifestaciones de protesta por la actitud de las autoridades rusas hacia el grupo.

"Por lo demás, creo que tratándose de Gérard Depardieu ya se han acabado los encantos de este debate", afirmó la portavoz del Gobierno francés en relación al caso del actor y su petición de nacionalidad rusa.

Los comentarios de Vallaud-Belkacem se conocieron después de que Putin se reuniera en su país con Depardieu, a quien le concedió el pasado jueves la ciudadanía rusa.

El presidente de Rusia firmó, en virtud del artículo 89 de la Constitución rusa, el decreto de concesión del pasaporte ruso a Depardieu, nacido en Francia en 1948 y que ha dado vida a personajes como Obelix, Cyrano de Bergerac o Martin Guerre.

La decisión del actor francés está relacionada con una protesta por su parte ante la iniciativa del Gobierno galo de aumentar la presión fiscal sobre los ciudadanos que ganen más de un millón de euros (1,3 millones de dólares) al año, para aplicar un gravamen de hasta el 75 %.

Esta disposición, sin embargo, tendrá que ser reformulada después de que el Consejo Constitucional francés estimase que tal como la pretendía hacer aplicar el Gobierno que preside Jean-Marc Ayrault resultaba discriminatoria.

EFE