Amplían plazo para que Congreso siga investigando caso UIGV

El plazo fijado para que la Comisión de Educación del Congreso investigue las irregularidades denunciadas en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega (UIGV) fue ampliado por 60 días más, a fin de complementar las indagaciones.

El presidente de esta instancia parlamentaria, Daniel Mora (PP), indicó que la necesidad de esta prórroga responde a que la investigación solo avanzó en un 65 por ciento, debido a que desde dicha institución ha habido resistencia a entregar la información requerida.

Luego detalló las hipótesis sobre irregularidades en dicho centro de estudios que la Comisión maneja. Estas se centran principalmente en el tema de los sueldos asignados al rector de la institución, Luis Cervantes, y a un conjunto de personas allegadas a su entorno.

De ese modo, Mora indicó que en un solo año, ocho personas percibían en conjunto 39 millones de nuevos soles por concepto de remuneraciones y bonificaciones; cifra equivalente al 20 por ciento de los ingresos anuales totales de la universidad.

La negativa del rector a alcanzar información llevó a la comisión a solicitar a la Sunat datos que corroboraron que en 2011 Cervantes recibió un sueldo mensual de 682 mil 239 nuevos soles.

Dentro del grupo que recibe similares remuneraciones, Mora mencionó al secretario general de la universidad, al gerente general, a una secretaria hermana del secretario general, al vicerrector Jorge Lazo; y al decano de la facultad de Derecho, quienes perciben sumas que van de los 127 mil hasta los 605 mil nuevos soles mensuales.

A ellos se suman la hija del rector, María Cervantes, quien encabeza la “Defensoría del Estudiante”, y que recibe 129 mil nuevos soles mensuales; a su hijo Luis Cervantes, que gana 65 mil nuevos soles como secretario, y a su yerno, Luis Sandoval, jefe de Economía, que recibe 43 mil nuevos soles.

La Comisión de Educación también maneja la hipótesis de que Cervantes llegó a controlar todos los estamentos de la universidad, modificando la estructura orgánica de la institución.

La ampliación del plazo para las investigaciones contó con el respaldo de 75 parlamentarios, ningún voto en contra y nueve abstenciones.

GREGORIO SANTOS

Luego de este tema, el pleno del Congreso pasó a debatir el informe de la Comisión de Fiscalización sobre las supuestas irregularidades denunciadas en el gobierno regional de Cajamarca.

El encargado de exponer el tema fue el presidente de dicha instancia legislativa Vicente Zeballos (SN), quien indicó que en el documento queda establecida la presunta responsabilidad de la máxima autoridad de esa región, Gregorio Santos, en diversos hechos de corrupción.

Estos comprenden los ilícitos de patrocinio ilegal, negociación incompatible, colusión desleal, omisión de funciones, asociación ilícita para delinquir y malversación de fondos, señaló el parlamentario.

Expuesto el informe - presentado en junio del año pasado- se dio inicio al debate, pero tan solo expusieron dos parlamentarios antes de que se diera paso al receso.

Una de ellas fue la congresista Rosa Mavila (FA-AP), quien dijo que su bancada apoyaría la aprobación de lo investigado, pero a la vez cuestionó que desde la Comisión de Constitución no se esté tomando con similar severidad denuncias de índole similar provenientes del gobierno regional de Áncash.

Culminada su intervención, se decidió que el plenario del Poder Legislativo se reanude a partir de las 16.00 horas.

Andina