Argentina: Gobierno responde sobre presuntas llamadas de narcos a su sede

El Gobierno argentino difundió este lunes un informe técnico en respuesta a un pedido judicial de información sobre presuntas llamadas de narcotraficantes a teléfonos de la sede del Ejecutivo argentino.

El secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli, fue el encargado de presentar a la prensa el informe técnico elaborado por el área de Comunicaciones de la Casa Rosada, donde se dan precisiones de los números telefónicos investigados por la jueza María Servini de Cubría.

Esta magistrada hizo pública la semana pasada la investigación y advirtió que dictaría una orden de allanamiento si no recibía la información solicitada sobre quiénes usan los números telefónicos que aparecen en las pericias.

"El oficio recibido ha tenido una inusitada difusión y unas declaraciones que creemos inapropiadas por parte de la jueza y algunos medios que han intentado sembrar un cono de dudas acerca de unas supuestas llamadas de narcotraficantes a la Casa Rosada", sostuvo Parrilli.

El informe oficial afirma que, de los números telefónicos de los cuales se requirió información en el oficio judicial, algunos nunca pertenecieron a Presidencia argentina; otros fueron dados de baja por cuestiones técnicas; y otros pertenecen a centrales telefónicas de derivación a otros internos o extensiones.

Según Parrilli, ninguno de los números incluidos en el oficio judicial "es de discado directo entrante o saliente".

No obstante, dijo que, "de ser requerido se puede identificar quién realizó una llamada a un determinado interno contando con el número de origen externo y la fecha y hora aproximada".

Parrilli dijo que el informe técnico será remitido este lunes a la magistrada.

En la causa que lleva adelante Servini de Cubría están procesados el extitular de la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (Sedronar) José Granero (2004-2011) y el director del Registro Nacional de Precursores Químicos, Julio de Orué.

En la misma situación se encuentra Gabriel Yusef Abboud, actual analista de datos en el Ministerio de Seguridad.

En la resolución que determinó el procesamiento de los funcionarios, Servini de Cubría consideró que unos 40.000 kilos de efedrina importados por autorización de la Sedronar entre 2004 y 2008 en realidad fueron desviados hacia el narcotráfico.

EFE