"Tenemos urgencia por abordar desde ya las acciones decisivas en esta materia (...) porque de continuar las cosas como están en diez años más el costo de la electricidad podría subir un 34 %", dijo la presidenta Michelle Bachelet.
El diagnóstico es claro y rudo: sin energía no hay crecimiento. Así al menos lo entienden el Gobierno y las compañías eléctricas que operan en Chile, que miran con extrema preocupación la inercia en que se encuentra sumido desde hace años este sector.
Y es que en última década los precios de la electricidad se han duplicado, impactando tanto a los ciudadanos como a las empresas, debido a la falta de inversiones que satisfagan una demanda de energía que supera con creces la tasa de crecimiento del país, que el año pasado fue del 4,1 % y que en 2014 sería sólo de 3,4 %.
"Tenemos urgencia por abordar desde ya las acciones decisivas en esta materia. No podemos mantener el inmovilismo, porque de continuar las cosas como están en diez años más el costo de la electricidad podría subir un 34 %", afirmó la presidenta chilena, Michelle Bachelet, al dar a conocer la agenda definida para revitalizar el sector durante sus cuatro años de mandato.
El diagnóstico de la mandataria es compartido por la mayoría de las compañías eléctricas presentes en el mercado chileno, porque son ellas las que se han visto más afectadas al pagar precios hasta un 30 % superiores a los de sus competidoras a nivel mundial.
"Valoramos el esfuerzo realizado por el Gobierno para impulsar el sector energético chileno a partir de esta agenda que ha sido construida con mecanismos de diálogo y participación en los que nos involucramos constructivamente", ha dicho Jorge Rosenblut, presidente de la filial de Endesa España, una de las mayores generadoras del país.
El desafío no es menor. Según datos del Ejecutivo, actualmente Chile cuenta con una capacidad instalada de generación de 17.586 megavatios entre los dos grandes sistemas que suministran energía al norte y al centrosur del país. Sumando y restando, el abastecimiento está cubierto, pero sin holguras.
Sin embargo, para el año 2020 el consumo energético requerirá por lo menos 2.700 megavatios adicionales.
Por ello, el desarrollo de nuevos proyectos que permitan ampliar la oferta de potencia eléctrica en el país y recortar sus costos resulta tan apremiante como las grandes reformas sociales que se ha propuesto llevar a cabo la presidenta Bachelet en su segundo mandato, partiendo por la educación.
Porque si los estudiantes que marchan por las calles exigiendo gratuidad y mayor calidad en su enseñanza han sido un dolor de cabeza para losa dos últimos gobiernos, la latente crisis energética no se reduce a un simple espasmo.
Entre otras cosas, porque Chile no posee reservas de hidrocarburos, lo que se ha traducido en que el desarrollo energético históricamente ha estado ligado a la energía hidroeléctrica y, en épocas más recientes, a plantas termoeléctricas a carbón, gas o diesel importados.
Además, ese modelo, que desde la década de 1980 quedó al libre arbitrio de las empresas en materia de inversión, hoy aparece a todas luces insostenible.
Primero, porque las compañías no han sido capaces de materializar suficientes proyectos para abastecer la creciente demanda. Y segundo, porque los grupos ambientalistas y las comunidades que se sienten afectadas por la instalación de plantas generadoras en su entorno cercano han hecho oír su fuerza su voz.
Por eso, la estrategia que pretende desplegar el Gobierno se basa en el establecimiento de una matriz energética mixta dentro de la cual la acción del Estado como regulador y operador será clave.
La idea es aumentar la capacidad instalada de generación y reducir los costos mediante el ingreso de más actores al sector, en el que actualmente operan tres grandes compañías.
Adicionalmente se espera mejorar la conexión unificando y modernizando el anquilosado sistema de transmisión y favorecer las "operaciones limpias" por medio de las llamadas energías renovables no convencionales (ERNC), que hacia el 2025 deberían llegar a representar un 20 % de la potencia total instalada.
Para ello, el Gobierno ha anunciado inversiones en el sector eléctrico por 650 millones de dólares.
Las compañías tienen sus propios planes de inversión por varios miles de millones de dólares, pero están a la espera de las resoluciones que vayan adoptando las autoridades para facilitar el desarrollo de sus proyectos.
Hasta ahora, las expectativas de que el rubro energético se revitalice son más bien alentadoras, entre otras razones, porque el ministro de Hacienda, Alberto Arenas, ha dicho con todas sus letras que el país debe retomar el ritmo de crecimiento que comenzó a perder hace un año y que para ello uno de los caminos es el desarrollo de nuevos proyectos energéticos.
EFE
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