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Colocarán bloqueadores de celulares en penal de Lurigancho

Foto: Andina
Foto: Andina

El jefe del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) informó la implementación del sistema de bloqueadores en 40 cárceles del país.

El penal de Lurigancho contará con bloqueadores de telefonía celular a fines de este año o a inicios del 2016, anunció el jefe del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Julio Magán, al detallar que la implementación del sistema de bloqueadores en las cárceles del país se iniciará con el penal de Cañete, en julio próximo.

El funcionario señaló a la agencia Andina que la empresa Prison Tech, con la que se suscribió contrato en octubre del 2014, se encargará de la instalación de estos dispositivos en 40 establecimientos penitenciarios del país, tanto los administrados completamente por el INPE como aquellos a cargo de la Policía Nacional.

Indicó que, según el cronograma aprobado por el INPE en coordinación con la citada empresa -de capitales peruanos y colombianos-, al penal de Cañete le seguirán otros establecimientos como Sarita Colonia, en el Callao, donde está previsto instalar los bloqueadores en setiembre próximo; y el penal de Huaral, entre otros.

Refirió que actualmente cuentan con bloqueadores los penales de Chiclayo, Trujillo y en Ancón I, y reconoció que estos sistemas son vulnerables, pero aseguró que se están realizando las correcciones necesarias para garantizar su total efectividad. "Hay que decir las cosas como son para tratar de mejorar", expresó.

"La idea es que, a partir de esta implementación del sistema de bloqueadores desde inicios de julio, no solo se evite la comunicación de los internos por teléfono celular, sino que la administración penitenciaria ganará con la tecnología que ello conlleva", añadió.

Explicó que, al instalarse la banda ancha de internet en los establecimientos penitenciarios, se podrá implementar videoconferencias para las audiencias judiciales, así como servicios de televisitas para no seguir registrando congestión en los penales; teleeducación o educación a distancia para los internos; telemedicina para los servicios de salud de los internos, entre otros.

"Vamos a aprovechar la tecnología en beneficio de lo que pueda hacer la administración penitenciaria", enfatizó.

EXTORSIÓN TELEFÓNICA DESDE LOS PENALES

De otro lado, Magán Zevallos sostuvo que, contrariamente a lo que se ha mencionado, la mayoría de las extorsiones vía teléfonos celulares no procede de los penales, sino de otros lugares.

"Todas las extorsiones telefónicas no nacen de los penales. Hay un porcentaje que de momento no podemos precisar, pero no es la gran mayoría de llamadas. Los extorsionadores pueden decir que llaman de alguna prisión, pero no necesariamente es cierto", enfatizó.

GRILLETES ELECTRÓNICOS ANTES DE FIN DE AÑO

El titular del INPE señaló también que se espera que antes de fin de año se firme contrato con el proveedor del sistema de grilletes electrónicos.

"Ya el INPE dio su declaratoria de interés y se está levantando algunas observaciones hechas por el Ministerio de Economía y Finanzas y ProInversión para resolver este tema", anotó.

Señaló que los grilletes electrónicos, que se colocarán en los tobillos o muñecas de los internos cuya pena de cárcel o tipo de delito no amerite su internamiento en un penal, permitirán descongestionar las prisiones.

VENTA DE PENALES

Magán Zevallos adelantó también que luego de la venta del penal San Jorge, que estaba ubicado en el Cercado de Lima, se proyecta hacer lo propio con los establecimientos de Lurigancho, Miguel Castro Castro, de Mujeres en Chorrillos y de Quencoro (Cusco), para lo cual viene trabajando una comisión de ProInversión.  

"Estamos esperando las ofertas del sector privado, y la idea es que con el dinero obtenido por la venta de los penales se construya otros de mayor capacidad, que es lo que se busca por ejemplo con el nuevo establecimiento que se construirá tras la venta del penal San Jorge", mencionó.

El jefe del INPE ofreció estos alcances tras encabezar una reunión con representantes de municipios, del Ministerio Público, Poder Judicial, y otras instituciones vinculadas al tema penitenciario, a fin de sensibilizarlas para generar políticas públicas que permitan la resocialización de los internos mediante la generación de oportunidades laborales y otras iniciativas.

Andina

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