La Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento señala que las zonas de las Selva tienen instaladas la mayoría de conexiones clandestinas.
Conectarse clandestinamente a la red de agua potable y alcantarillado, reconectarse ilegalmente después de un corte, hacer derivaciones de tuberías de un inmueble a otro o vender agua sin autorización expresa de la empresa prestadora del servicio son delitos de larga data que persisten por la falta de conciencia del grave perjuicio que producen estas acciones.
“Las conexiones clandestinas perjudican por un lado a las empresas que se desfinancian por el robo del agua, esto les impide ampliar o mejorar el servicio, afectando al resto de usuarios que al final terminan financiando a quienes no pagan” sostuvo la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento, SUNASS.
De acuerdo a los indicadores de la SUNASS, los mayores casos de conexiones clandestinas se ubican en Pucallpa, Chincha, Amazonas y Jauja.
“Pero además perjudica a quienes aún claman por el servicio en sus casas, pues posterga la posibilidad de realizar nuevas conexiones. Cabe señalar que el Código Penal establece sanciones de entre 4 y 6 años de pena privativa de la libertad para los autores de conexiones ilegales de agua potable”, señalaron.
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