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por Redacción RPP
·Hoy la violencia en el VRAE ha cambiado de signo y está ligada al narcotráfico.
Senovia Castilla se sienta en su cama y toma en su mano un cráneo."Lo mataron y he traído su cabecita", dice sobre su hermano, asesinado hace 25 años por la guerrilla de Sendero Luminoso, la misma que, ahora reducida, sigue recorriendo el VRAE, una región cocalera al sudeste del Perú.
A sus 60 años usa una trenza larga y tiene la mirada triste de haber visto asesinar un hijo, una hija y su hermano tras una incursión de Sendero Luminoso (SL) en 1984.
Ella escapó con cuatro hijos. "A mi hermano lo mataron. Su cabecita la he traído, la he encontrado dentro del agua del río.
Su cuerpo lo he enterrado sin su cabeza en el cementerio envolviéndolo con plástico", dice, y su relato se replica en cientos de familias de esta zona conocida como VRAE (Valle de los ríos Apurímac y Ene).
Era la época en que Sendero Luminoso imponía su ley y el Estado reprimía, en un círculo de violencia extrema. Hoy la violencia en el VRAE ha cambiado de signo y está ligada al narcotráfico.
Último episodio sangriento: 15 militares murieron en una emboscada el pasado 9 de abril cerca a la población de Sanabamba, un duro revés que volvió a poner en tela de juicio la estrategia del Estado en el VRAE, un territorio de
14.000 km2 donde se unen la cordillera de los Andes y la selva, viven unas 120.000 personas y se cultivan 16.000 hectáreas de hoja de coca.
El cultivo de coca en Perú es legal porque tiene varios usos tradicionales, pero nadie se engaña: las 106 toneladas de hoja de coca que por año se producen en el VRAE van directo al narcotráfico.
La mayoría de campesinos tiene parcelas que van de un octavo de hectárea a una hectárea, y la única siembra que puede dar hasta cuatro cosechas al año es la coca, con precios siempre en alza y pagos por adelantado.
La coca ocupa a toda la familia: en el "pallaqueo" (recoger la hoja) se utiliza incluso a menores de 10 años.
Los mayores son incorporados al pisado de la hoja en las pozas de maceración y los más curtidos terminarán siendo
transportes o sicarios de los carteles de la droga.
"Yo cobro cinco soles por día de secado", dice Rosa a la AFP.Ella alquila la cancha de básquet en cemento de la escuela municipal de Omaya para que allí sequen al sol las hojas de coca. Luego, cuenta, "vienen hombres la empacan y se la llevan".
Según el gobierno, los narcos trabajan en alianza con los remanentes de Sendero Luminoso, una facción de unos 250 a 300 hombres.
"Sendero existe, decir lo contrario sería una gran mentira. Ahorita Sendero esta fusionado con el narcotráfico.Sendero da seguridad y los narcos apoyo logístico", dice a la AFP una autoridad de Sibia que prefiere no dar su
nombre.
Experto en temas sociales en zonas cocaleras, Hugo Cabieses habla de esa relación.Que los senderistas "están aliados con el narcotráfico, que protegen las pozas de maceración y a los mochileros (cargadores), eso está demostrado.
Pero otra cosa es encarar el tema como que simplemente son unos delincuentes que no tienen una perspectiva política", dice.
Al norte del VRAE es donde actualmente el ejército viene realizando operativos en busca de las columnas senderistas capitaneadas por alias José y alias Alipio.
La presencia policial se ha reforzado en los poblados más grandes como Machente, San Francisco y Quimbiri pero en los más pequeños la vigilancia corre a cargo de los ronderos, civiles que se unen para defender sus pagos.
Se unen 20 a 100 familias para defenderse. Es una práctica que viene de los 80 en la época dura de los ataques de SL y de las agresiones del Ejército.
Siempre actuaron con armas rudimentarias, escopetas de caza. Las Fuerzas Armadas les daban entrenamiento.
"Antes recibían el apoyo del Estado pero ahora el Estado desconfía de ellos", dice Cabieses.
La zona parecía vivir una situación donde todos -senderistas, narcos, campesinos, ronderos y las fuerzas del Estado- se habían acomodado.
Pero la emboscada de abril parece haber roto ese equilibrio. Un veterano suboficial del ejército, perteneciente a un batallón contra subversivo del VRAE, dice a la AFP que "en mis 20 años de servicios nunca había visto una emboscada como esa. Fueron los dirigidos por José y Alipio. Ya caerán y vengaremos su muerte".
A sus 60 años usa una trenza larga y tiene la mirada triste de haber visto asesinar un hijo, una hija y su hermano tras una incursión de Sendero Luminoso (SL) en 1984.
Ella escapó con cuatro hijos. "A mi hermano lo mataron. Su cabecita la he traído, la he encontrado dentro del agua del río.
Su cuerpo lo he enterrado sin su cabeza en el cementerio envolviéndolo con plástico", dice, y su relato se replica en cientos de familias de esta zona conocida como VRAE (Valle de los ríos Apurímac y Ene).
Era la época en que Sendero Luminoso imponía su ley y el Estado reprimía, en un círculo de violencia extrema. Hoy la violencia en el VRAE ha cambiado de signo y está ligada al narcotráfico.
Último episodio sangriento: 15 militares murieron en una emboscada el pasado 9 de abril cerca a la población de Sanabamba, un duro revés que volvió a poner en tela de juicio la estrategia del Estado en el VRAE, un territorio de
14.000 km2 donde se unen la cordillera de los Andes y la selva, viven unas 120.000 personas y se cultivan 16.000 hectáreas de hoja de coca.
El cultivo de coca en Perú es legal porque tiene varios usos tradicionales, pero nadie se engaña: las 106 toneladas de hoja de coca que por año se producen en el VRAE van directo al narcotráfico.
La mayoría de campesinos tiene parcelas que van de un octavo de hectárea a una hectárea, y la única siembra que puede dar hasta cuatro cosechas al año es la coca, con precios siempre en alza y pagos por adelantado.
La coca ocupa a toda la familia: en el "pallaqueo" (recoger la hoja) se utiliza incluso a menores de 10 años.
Los mayores son incorporados al pisado de la hoja en las pozas de maceración y los más curtidos terminarán siendo
transportes o sicarios de los carteles de la droga.
"Yo cobro cinco soles por día de secado", dice Rosa a la AFP.Ella alquila la cancha de básquet en cemento de la escuela municipal de Omaya para que allí sequen al sol las hojas de coca. Luego, cuenta, "vienen hombres la empacan y se la llevan".
Según el gobierno, los narcos trabajan en alianza con los remanentes de Sendero Luminoso, una facción de unos 250 a 300 hombres.
"Sendero existe, decir lo contrario sería una gran mentira. Ahorita Sendero esta fusionado con el narcotráfico.Sendero da seguridad y los narcos apoyo logístico", dice a la AFP una autoridad de Sibia que prefiere no dar su
nombre.
Experto en temas sociales en zonas cocaleras, Hugo Cabieses habla de esa relación.Que los senderistas "están aliados con el narcotráfico, que protegen las pozas de maceración y a los mochileros (cargadores), eso está demostrado.
Pero otra cosa es encarar el tema como que simplemente son unos delincuentes que no tienen una perspectiva política", dice.
Al norte del VRAE es donde actualmente el ejército viene realizando operativos en busca de las columnas senderistas capitaneadas por alias José y alias Alipio.
La presencia policial se ha reforzado en los poblados más grandes como Machente, San Francisco y Quimbiri pero en los más pequeños la vigilancia corre a cargo de los ronderos, civiles que se unen para defender sus pagos.
Se unen 20 a 100 familias para defenderse. Es una práctica que viene de los 80 en la época dura de los ataques de SL y de las agresiones del Ejército.
Siempre actuaron con armas rudimentarias, escopetas de caza. Las Fuerzas Armadas les daban entrenamiento.
"Antes recibían el apoyo del Estado pero ahora el Estado desconfía de ellos", dice Cabieses.
La zona parecía vivir una situación donde todos -senderistas, narcos, campesinos, ronderos y las fuerzas del Estado- se habían acomodado.
Pero la emboscada de abril parece haber roto ese equilibrio. Un veterano suboficial del ejército, perteneciente a un batallón contra subversivo del VRAE, dice a la AFP que "en mis 20 años de servicios nunca había visto una emboscada como esa. Fueron los dirigidos por José y Alipio. Ya caerán y vengaremos su muerte".
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