La Defensoría señaló que aunque el servicio esté a cargo de terceros, la obligación es de las municipalidades.
A raíz de los problemas que se presentan en la limpieza pública en Lima y varias provincias del país, el defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, pidió a las autoridades municipales que garanticen la continuidad de ese servicio y anunció que su institución realizará una supervisión nacional para obtener un diagnóstico sobre ese tema.
“Si bien en algunos casos el servicio de limpieza pública se encuentra a cargo de un tercero, la titularidad de dicha obligación siempre corresponde a las municipalidades”, señaló.
Recordó que se trata de un servicio público individualizado que se brinda en contraprestación al pago de arbitrios. A la fecha se ha recaudado el 80% del monto de arbitrios esperado a nivel nacional, lo que perjudica la adecuada prestación de los servicios públicos.
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Sanciones. Gutiérrez dijo que la ausencia o inadecuada prestación del servicio de limpieza pública, implica el incumplimiento de deberes de función y no solo responsabilidad administrativa, sino también penal.
No prestar el servicio de limpieza pública implica la comisión de ilícitos penales como la omisión de funciones o demora de actos funcionales por parte de los funcionarios públicos que tienen dicho deber a su cargo.
Este alcanza también a los terceros que prestan dicho servicio, en tanto que quienes mantengan vínculo contractual de cualquier naturaleza con el Estado, y que en virtud de ello ejerzan funciones o la prestación de un servicio, son considerados funcionarios públicos, de acuerdo al Código Penal. (Andina)
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