Defensoría pide investigación y sanción por liberación de "marcas"

La Defensoría del Pueblo recomendó una investigación exhaustiva para determinar las responsabilidades y establecer las sanciones a las que hubiera lugar en torno a los hechos ocurridos en la liberación de los miembros de la banda denominada “Rápidos y Furiosos”.

Investigación exhaustiva. "Se recomienda una investigación exhaustiva que permita determinar –de manera clara e indubitable– las responsabilidades que se hayan producido en este caso y disponer las sanciones a las que hubiera lugar", señala el órgano autónomo a través de un comunicado.

Dificultades para luchar contra la inseguridad. "Pese a los esfuerzos que se han venido realizando, aún subsisten graves dificultades para la actuación conjunta de la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Poder Judicial, las mismas que impactan negativamente en la lucha frontal contra el crimen y la inseguridad ciudadana".

Labores de fiscalización. "Se recomienda que las oficinas de control de cada una de las entidades mencionadas intensifiquen las labores de fiscalización para mejorar su actuación y que se prevengan situaciones que perjudiquen la correcta administración de justicia. Se debe poner especial atención en la optimización de las investigaciones y en la conservación de las pruebas del delito, así como en contar con mecanismos que aseguren la adecuada recepción de denuncias, entre otras".

Descoordinación existente entre las instituciones. La Defensoría del Pueblo consideró que las explicaciones del general Máximo Ramírez, Director de Defensa Legal de la Policía Nacional y de la fiscal Carmen Inés Gonzales Gonzales, de la Octava Fiscalía Penal de Lima Norte, "revelan el nivel de descoordinación existente entre las instituciones que tienen competencia para combatir el delito y la inseguridad ciudadana". "Llama la atención que exista una discrepancia en torno a la inmediatez con la que la Policía Nacional debió informar al Ministerio Público sobre la detención de estas personas en flagrancia. Ello contraviene lo dispuesto expresamente en el Código Procesal Penal y en el Protocolo de actuación interinstitucional para estos casos".

Ciudadanía espera eficacia. La institución que preside Eduardo Vega mostró su preocupación porque el Juzgado Penal de Turno de Lima Norte haya dispuesto que, en este caso, no se reciba la denuncia fiscal ni el pedido de prisión preventiva. "En la lucha contra el crimen organizado y la inseguridad, la ciudadanía espera de sus autoridades una actuación conjunta, oportuna y eficaz de las instituciones encargadas de la persecución y sanción del delito".