Los implicados cometieron fraude por un monto que asciende a los 7 millones 800 mil dólares.
La Policía Nacional española detuvo en Cataluña (noreste) a 145 personas y acusó a otras 275 de defraudar 7,8 millones de euros a través de la creación de empresas ficticias que redactaban falsos contratos de trabajo para cobrar después fraudulentamente la prestación por desempleo.
Al mismo tiempo, hoy se supo que el número de infracciones detectadas a empresas ficticias - creadas para cobrar de forma ilegal prestaciones de todo tipo - aumentó un 198,3 por ciento en el primer trimestre con respecto al mismo periodo del pasado año, según datos del Ministerio de Empleo.
La investigación sobre los falsos contratos de trabajo se desarrolló durante varios meses y permitió descubrir una trama que creó empresas relacionadas con la construcción, servicios de limpieza y jardinería con la única intención de tramitar altas de falsos trabajadores para que pudieran percibir prestaciones por desempleo o subsidios.
Según informó la Policía Nacional, entre los detenidos figuran tanto los administradores de las empresas ficticias como algunas de las personas que eran falsos empleados que habían pagado para ser contratados y así poder optar después a cobrar fraudulentamente el subsidio de desempleo.
Tras analizar la documentación de estas empresas y efectuar varios registros en ellas, los agentes comprobaron que esas compañías, dedicadas supuestamente a trabajos de construcción, servicios de limpieza y jardinería, se habían creado con la única intención de defraudar al servicio público de empleo.
Esos contratos correspondían a personas extranjeras que, en muchos casos, además de obtener un beneficio económico percibiendo de forma irregular un subsidio, también pretendían regularizar su situación en España.
En cuanto al aumento del número de infracciones detectadas a empresas creadas para percibir ilegalmente prestaciones, los ministros españoles de Empleo e Interior, Fátima Báñez y Jorge Fernández Díaz, respectivamente, firmaron un acuerdo para colaborar en la lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social.
España incrementará el esfuerzo en las inspecciones laborales después de que en 2012 se detectaran un 169 por ciento más de infracciones que en el año precedente, con la detención de 1.514 personas por delitos cometidos contra la Seguridad Social y contra los derechos de los trabajadores.
EFE
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