Expertos concluyen que no sería viable la anulación de Línea Amarilla y Rutas de Lima

El alcalde Jorge Muñoz dijo que no quiere peajes "manchados por la corrupción". ¿Es viable esta propuesta? ¿Cuáles son los riesgos? RPP Noticias recogió la posición de tres expertos.

Actualmente, las empresas concesionarias de los peajes son Brookfield y Vinci Highways | Fuente: RPP Noticias

“No quiero ningún peaje manchado por la corrupción”. El alcalde de Lima, Jorge Muñoz, anunció que este lunes 20 se realizará una sesión extraordinaria del concejo edil para evaluar los contratos de concesión de peajes. Ello a raíz de la orden de prisión preventiva por 18 meses contra la exalcaldesa Susana Villarán, quien es investigada por presuntamente haber beneficiado a las constructoras Odebrecht y OAS.

En la hipótesis fiscal, la ex autoridad edil entregó la obra Vías Nuevas de Lima a la concesionaria Rutas de Lima, de la empresa Odebrecht, a cambio de financiamiento para su campaña del 'NO a la revocatoria',. Además, amplió el plazo de concesión de la Línea Amarilla con una adenda a favor de OAS.

Tanto Línea Amarilla como Rutas de Lima tienen actualmente nuevas empresas concesionarias, debido a que tanto OAS y Odebrecht vendieron sus activos en estas obras hace unos años. En el 2016, la empresa canadiense Brookfield adquirió el 57% de las acciones de Rutas de Lima y tomó control de ella. En un comunicado, esta empresa ha señalado que la adquisición "de la mayoría de las acciones de Rutas de Lima fue realizada de buena fe y con independencia del proceso de adjudicación del proyecto que ahora está en discusión". 

Por su lado, la empresa francesa Vinci Highways, que compró Línea Amarilla a OAS en el 2016, afirmó en un comunicado que son respetuosos “de la institucionalidad y normatividad vigente, y ratifica(n) el firme compromiso de cumplir el Contrato de Concesión”.

En medio de los pedidos de nulidad de los contratos de concesión de los peajes, ¿es viable esta propuesta? ¿cuáles son los riesgos? RPP Noticias recogió la posición de tres expertos.

Alternativas legales

El exviceministro Enzo Defilippi indicó que anular unilateralmente el contrato nos llevaría a un arbitraje que -sin duda- perderíamos. “El contrato te señalan causales bien claras para resolver. Si el concejo municipal, el alcalde o alguna otra autoridad cree que anulando el contrato se acabó el problema, no. Los peruanos vamos a terminar pagando mucho más, porque vamos a tener que compensar a la empresa por haberle quitado un derecho. Un arbitraje se lo va a reconocer”, explicó.

Como alternativa, Defilippi planteó que la Municipalidad de Lima renegocie el contrato de concesión. “Existen unas obras que justifican el peaje y que no se han podido hacer. Creo que la Municipalidad debería intentar renegociar el contrato para sincerarlo: ‘Tienes esta cantidad de dinero que has recaudado y que no lo puedes usar. Entonces veamos otras obras más interesantes que hacer’. Eso se negocia sin patear el tablero”, manifestó.

Asimismo, Defilippi dijo que ambos contratos firmados por la Municipalidad de Lima “nacieron mal” al recordar que ni la gestión de Luis Castañeda ni la de Susana Villarán consultaron al Ministerio de Economía sobre su viabilidad.

“En el 2008, el MEF tenía que chequearlos para que las concesiones y adendas no desnaturalicen el proyecto. Eso ni Castañeda ni Villarán lo cumplió. De hecho, Villarán hasta el último día de diciembre del 2014, Protransporte estuvo firmando contratos de concesión (para buses) sin pasar por el MEF. Al principio decían que no entendían, porque tenían que pasar por el MEF. Se dieron dos leyes aclarando que contratos de concesión que no pasen por el MEF son nulos”, indicó.

"Queremos obras que no estén manchadas por la corrupción”, dijo este miércoles el alcalde de Lima, Jorge Muñoz. | Fuente: RPP Noticias

No son los mismos operadores

El ex presidente de Protransporte Gustavo Guerra García dijo que el punto débil de la propuesta del alcalde Jorge Muñoz es que los actuales operadores de Rutas de Lima y de Línea Amarilla “no son los que causaron los problemas”.

“En la medida en que la investigación fiscal demuestre que hubo actos [..] ilegales, eso sí pueden ser cuestionados y Jorge Muñoz podría actuar sobre eso para revertir esa situación y mejorar las condiciones de los contratos a favor de la ciudad”, dijo.

“Una estrategia de nulidad tiene el costo de perder un litigio internacional y que CIADI [Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones] nos sancione por montos más grandes que la plata que él recuperaría al retomar los peajes. […] La responsabilidad de los nuevos concesionarios incluye el hecho de que si hay cosas que se hicieron mal, se puedan revertir”, añadió.

Guerra García dijo que siempre su posición respecto a la obra de Línea Amarilla fue que debía suspenderse, debido al “enorme desequilibrio” que había dejado la gestión de Luis Castañeda sobre ese contrato. Según su versión, no había forma de renegociarlo para ponerlo en condiciones favorables para la ciudad.

Asimismo, indicó que la suspensión no acarrea sanciones, la anulación sí. “Lo que ocurrió es que el propio MEF presionó a la Municipalidad bajo el tema de que no querían enfrentarse al CIADI”, manifestó.

Pide prudencia

Leonie Roca, presidenta de la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN), dijo a RPP Noticias que debe haber prudencia de parte de las autoridades para no hacer pronunciamientos que generen falsas expectativas.

“La Municipalidad de Lima puede perfectamente constituirse como parte agraviada en el marco de los procesos que hoy día sigue la Procuraduría para recuperar una parte del dinero e invertirlo” en vías alternas, en Puente Piedra, declaró Roca.

“La gente tiene que saber que a las empresas a las que va a ‘castigar’ no son Odebrecht ni OAS. Las dos concesiones fueron vendidas a empresas de clase mundial: Vinci y Brookfield. Hay que tener propuestas concretas, eso le corresponde a la Municipalidad”, añadió.

Asimismo, manifestó que hay lecciones aprendidas en torno a las concesiones: tener contratos tipo y que la expropiación y reasentamiento de familias estén previstos antes de entregar la concesión.

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